Elvin Picado Blandón, un joven migrante nicaragüense, pasó de buscar una vida mejor en Colorado a convertirse en una víctima más de una política migratoria implacable. Fue deportado erróneamente a El Salvador como supuesto pandillero bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, retomada por la administración antinmigrante de Donald Trump.
Picado narró que fue golpeado durante su traslado y devuelto a Estados Unidos tras ser rechazado por las autoridades salvadoreñas. Hoy, permanece detenido en Texas, enfermo, y sin claridad sobre su destino.
“Pido por favor que se pongan la mano en la conciencia y que revisen bien los casos. Ya a él lo han tenido mucho tiempo. Por favor, que me lo regresen a Nicaragua mejor, que me lo regresen”, suplica con la voz ahogada su madre, en entrevista con Telemundo Denver, solicitando mantener su anonimato por temor a represalias.
La historia de Elvin, que apenas tenía cinco meses de haber llegado a Estados Unidos, resume el drama que viven miles de migrantes bajo políticas endurecidas como las impulsadas por el expresidente Donald Trump, quien ha reactivado medidas extremas como la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, destinada originalmente a tiempos de guerra.
Deportado sin juicio, como “enemigo extranjero”
Picado fue detenido por agentes de inmigración tras comparecer ante la Corte por un cargo menor de conducir en estado de ebriedad.
Lo trasladaron de Colorado a Texas y, sin mediar juicio ni verificación consular, fue expulsado el 15 de marzo a El Salvador, bajo la misma orden con la que Estados Unidos ha deportado recientemente a más de 200 venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua o la Mara Salvatrucha, sin pruebas.
Pero Elvin no era pandillero. Ni tenía antecedentes criminales en Nicaragua.
El gobierno de El Salvador se rehusó a recibirlo, por lo que fue devuelto a Estados Unidos. Sin embargo, lo regresaron golpeado y enfermo, según su propio testimonio.
“Estoy con una gran fiebre, de la golpiza que me dieron porque traté de abrir la ventana. Yo solo quería saber a qué país estábamos llegando”, dijo Picado a su madre.
“Lo que pasó con nosotros fue un atropello a nuestros derechos”, relató después en un video grabado desde la prisión por una amiga de la familia. “Nos tenían sin llamadas, sin derecho a ver el sol”.
Incluso, describió cómo algunos de los detenidos llevaban puesta su ropa de trabajo porque los habían arrestado en medio de su jornada laboral.
Un traslado ilegal, según fallo judicial
La deportación de Elvin ocurrió pese a que un juez federal, James Boasberg, había prohibido previamente la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros para expulsar migrantes detenidos.
Según CNN, los vuelos continuaron despegando aún después de la orden judicial, lo que ha abierto una investigación sobre posible desacato del gobierno federal.
Una migrante venezolana relató que escuchó a dos funcionarios decir durante el vuelo: “Hay una orden que dice que no podemos despegar, pero ya lo hemos hecho”.
El caso de Elvin Picado podría ser usado ahora como prueba de violaciones a derechos humanos y abuso de poder por parte de autoridades migratorias estadounidenses.
Una madre en agonía
La voz quebrada de su madre, desde Nicaragua, clama lo obvio: justicia.
“Para mí ha sido muy duro, trato de ser fuerte, pero hay momentos en que no resisto mucho. Pero Dios me da la fuerza”, dijo.
Su familia no pide privilegios, ni exige clemencia, solo solicita que se respete el derecho a un debido proceso. Que su hijo no sea tratado como criminal por el simple hecho de ser migrante.
La detención de Elvin, su golpiza, su expulsión y su incierta situación actual son consecuencias de una política migratoria racista, deshumanizante y arbitraria, activada por la administración Trump, que revive leyes coloniales con tal de acelerar deportaciones masivas.
Elvin Picado sigue encerrado. Sin juicio. Sin país. Sin derechos.
Su historia no es un caso aislado, sino el reflejo de lo que le ocurre hoy a cientos de migrantes etiquetados injustamente como “enemigos” por haber soñado con una vida mejor.
