La situación de derechos humanos en Nicaragua, que ha sido motivo de preocupación internacional desde abril de 2018, debido a las acciones represivas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, vuelve a ocupar un lugar destacado en la agenda de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Pese a la renuncia de la dictadura Ortega-Murillo a este foro regional en 2022, el Consejo Permanente de la OEA ha programado una sesión ordinaria para el miércoles 3 de abril de 2024, donde se abordará, entre otros temas, la crisis nicaragüense a través del proyecto de resolución “Seguimiento de la situación en Nicaragua”.
Este proyecto, impulsado por la Misión Permanente de Canadá y apoyado por varios países miembros, incluidos Antigua y Barbuda, Argentina, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Perú y Uruguay, busca instar a un diálogo de alto nivel y contempla la posibilidad de reincorporar a Nicaragua como miembro de la organización.
Desde el 2 de agosto de 2018, cuando se creó el Grupo de Trabajo para Nicaragua, la OEA ha mantenido un seguimiento constante de la crisis que vive el país, caracterizada por el desmantelamiento de estructuras cívicas, el deterioro de instituciones fundamentales para el Estado de derecho y la violación sistemática de derechos humanos.
Estos hechos, calificados por la ONU como delitos de lesa humanidad, han sido documentados por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Nicaragua, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua.
A pesar de que Nicaragua renunció a la Carta de la OEA en 2022 y se desligó formalmente de la organización el 19 de noviembre de 2023, el Consejo Permanente decidió continuar prestando atención a la situación en el país.
La denuncia de la Carta no exime a Nicaragua de cumplir con sus compromisos internacionales, especialmente aquellos relacionados con la promoción y protección de los derechos humanos.
El proyecto de resolución propone concluir el mandato del Grupo de Trabajo para Nicaragua y sugiere la creación de un grupo voluntario para asistir al Consejo Permanente en sus esfuerzos por abordar la situación.
Además, insta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a continuar proporcionando informes periódicos sobre Nicaragua.
Este nuevo enfoque, según el comunicado de la OEA, busca facilitar la consideración de acciones adicionales que puedan contribuir al restablecimiento de la democracia representativa, el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos en Nicaragua.
Asimismo, llama a los Estados miembros a alentar un diálogo al más alto nivel con las autoridades nicaragüenses, incluso contemplando acciones para su reincorporación como miembro de la OEA.
