La medida fue publicada este viernes en el Diario Oficial La Gaceta y entró en vigor el jueves 21 de noviembre, con vigencia hasta el 5 de enero de 2025.
El estado de excepción, que actualmente afecta a 226 de los 298 municipios del país, fue instaurado por primera vez el 6 de diciembre de 2022 bajo el mandato de la presidenta Xiomara Castro.
Inicialmente declarado de manera temporal, ha sido renovado en varias ocasiones como parte de un paquete de medidas implementadas para reducir la violencia en Honduras, un país con una población cercana a los diez millones de habitantes.
A pesar de las afirmaciones de las autoridades de seguridad de que la violencia ha disminuido en los últimos 2 años, las estadísticas del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) muestran que entre 2023 y julio de 2024, al menos 11,294 personas murieron de forma violenta.
Este panorama refleja que, aunque el índice de homicidios ha disminuido desde años anteriores, Honduras sigue enfrentando graves problemas de inseguridad.
En 2023, el país cerró con una tasa de homicidios de 34.5 por cada 100,000 habitantes, lo que lo posicionó como el segundo país más violento de América Latina, según el Observatorio de la UNAH. Las Naciones Unidas han señalado que una tasa aceptable de homicidios debería ser inferior a nueve por cada 100,000 habitantes, aunque en el pasado reciente, Honduras ha llegado a registrar cifras cercanas a los 90 homicidios por cada 100,000 personas.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) ha expresado su preocupación por la extensión de este régimen, instando a los diputados del Congreso Nacional a no continuar con su renovación. Según el Conadeh, la medida ha derivado en intervenciones policiales y estatales sin la debida supervisión, lo que ha provocado diversas denuncias de abusos de autoridad por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir el estado de excepción. A pesar de su propósito de reducir la criminalidad, estas acciones se han traducido en una creciente preocupación por el respeto a los derechos humanos en el país.
El gobierno continúa defendiendo el estado de excepción como una herramienta necesaria para frenar el auge de la violencia, aunque la controversia sobre su efectividad y los posibles abusos sigue siendo un tema de debate en la sociedad hondureña.
