El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, advirtió sobre la potencial amenaza de que el “narcoterrorismo” se establezca en Costa Rica, a causa del debilitamiento de las capacidades de la entidad que encabeza.
En medio de una encendida defensa por la aprobación de una reforma fiscal que busca exonerar a la institución de las restricciones salariales impuestas por la reforma fiscal y la Ley de Empleo Público, Zúñiga reclamó la falta de capacidad del organismo ante la creciente rivalidad entre grupos criminales.
“Ahora la lucha es entre grupos criminales porque el grupo rival le estorba al grupo dominante, en el momento en que ya no le estorbe ¿quién va a seguir?”, advirtió.
El director del OIJ hizo hincapié en las posibles consecuencias catastróficas de esta situación, advirtiendo que si se perpetran asesinatos de figuras clave del Estado, como fiscales, jueces, jefes policiales, directores de policía, diputados o ministros, el país podría verse sumido en una nueva era de narcoterrorismo.
“En el momento en el que este país se mate a un fiscal, a un juez de la República, a un jefe policial, a un director de la policía, a un diputado o a un ministro, cualquier persona que ocupa un cargo importante dentro del Gobierno, ahí entraremos en Costa Rica desgraciadamente en una nueva era, en el narcoterrorismo, porque se va a utilizar el terror de matar a funcionarios públicos para obtener las ganancias o lo que quieren los grupos criminales y OIJ no quiere eso, este director tiene la convicción de no llegar a este punto”, alertó.
Zúñiga expresó su firme convicción, como funcionario a cargo de la OIJ, de evitar que Costa Rica caiga en tal situación, pero demandó el apoyo institucional para fortalecer capacidades.
El alto funcionario destacó además que, de persistir las restricciones salariales, el éxodo de profesionales del OIJ continuará, poniendo en peligro la operatividad de esta importante institución policial especializada.
Advirtió que, en ese caso, servicios esenciales como el de autopsias e investigaciones criminales podrían verse interrumpidos.
El jerarca también cuestionó el impacto económico de las restricciones fiscales, señalando que en los últimos cinco años el Estado se ahorró $3,000 millones al no transferir al OIJ la totalidad del impuesto a las personas jurídicas.
Asimismo, planteó la pregunta: “¿Cuánto se ahorró por la restricción de la regla fiscal en no trasladarnos los dineros decomisados al narcotráfico también?”.
Por último, Zúñiga criticó el aumento salarial otorgado a ministros durante la presidencia de Rodrigo Chaves mientras se le niega al personal judicial, argumentando que la defensa del mandatario fue similar a la del OIJ: retener a personal especializado.
Ante este panorama, Zúñiga hace un llamado urgente a las autoridades y a la sociedad costarricense para que tomen medidas que eviten el debilitamiento del OIJ y, por ende, la potencial llegada del narcoterrorismo al país.
