El abuso sexual infantil continúa siendo una de las problemáticas más graves y silenciadas en Honduras. De acuerdo con el informe Estado de País: Seguridad y Justicia 2025, elaborado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), en 2024 se registraron 2,137 denuncias por este delito, un aumento del 98 % respecto a las 1,080 reportadas en 2023. Esta cifra implica un promedio de casi seis denuncias diarias en todo el país.
El estudio destaca que la mayoría de los casos se concentran en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Atlántida y El Paraíso, los cuales acumulan el 54 % del total de denuncias. Este patrón geográfico sugiere la necesidad urgente de enfocar intervenciones institucionales y comunitarias en estas zonas de alta incidencia.
El análisis subraya que la mayoría de los casos de violencia sexual infantil ocurren durante la adolescencia, particularmente entre los 14 y los 17 años. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), las víctimas de abuso sexual infantil son más propensas a sufrir reiteraciones del delito, por lo que se considera fundamental implementar intervenciones específicas durante esta etapa para romper el ciclo de violencia y mitigar sus consecuencias emocionales, físicas y sociales.
Impunidad sistemática
A pesar del aumento en las denuncias, el informe de la ASJ evidencia una preocupante constante: el 92 % de los casos de abuso sexual infantil permanece en la impunidad. Esta alarmante cifra revela las debilidades del sistema de justicia hondureño, que no logra procesar ni sancionar adecuadamente estos crímenes, perpetuando el sufrimiento de las víctimas y generando desconfianza en las instituciones encargadas de protegerlas.
Aunque el incremento en las denuncias podría interpretarse como un signo de mayor confianza en el sistema judicial, la ASJ advierte que también puede reflejar una agudización del fenómeno, exacerbada por la falta de políticas preventivas y por entornos comunitarios donde aún prevalecen el miedo, el estigma y el silencio.
El informe insta al gobierno hondureño a implementar una estrategia nacional integral para prevenir, detectar y sancionar el abuso sexual infantil, que incluya educación sexual temprana, atención psicosocial a las víctimas, formación especializada para operadores de justicia y campañas de concientización que promuevan la denuncia y erradiquen el estigma.
La ASJ subraya que garantizar justicia para las niñas y niños víctimas de abuso sexual no solo es un deber legal, sino una condición indispensable para construir una sociedad más segura, equitativa y digna.
