La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional a la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG) ante los bloqueos en las rutas hacia las aduanas Pedro de Alvarado y San Cristóbal, que se mantienen desde el jueves pasado.
Estos cierres han generado serias complicaciones para el transporte de mercancías y la circulación de los ciudadanos.
En su resolución, la CC ordena al Estado de Guatemala tomar medidas inmediatas para desbloquear las rutas y garantizar la libre locomoción de los guatemaltecos.
El fallo establece que las autoridades deben asegurar el respeto a los derechos de manifestación pacífica y libertad de pensamiento, pero también subraya que deben proteger otros derechos fundamentales como el derecho a la vida, la salud, la seguridad, la paz, la libre circulación de personas y vehículos, y la libre industria, comercio, trabajo y propiedad.
Además, la Corte instruye a las autoridades a coordinar y ejecutar acciones que permitan que las actividades diarias de los ciudadanos no se vean afectadas por los bloqueos, e incluso sugiere habilitar carriles específicos en las carreteras bloqueadas para mitigar el impacto. La CC también hace un llamado para que, en caso de manifestaciones en calles y carreteras, se garantice la fluidez del tránsito, sin que se vulneren los derechos de la mayoría.
Contexto de los bloqueos
Los bloqueos comenzaron hace 5 días cuando habitantes de la región mantienen cerrado el paso en la ruta CA2-Oriente, sobre el puente Bernal Díaz del Castillo, hacia El Salvador, en protesta por el mal estado de un tramo carretero conocido como La Barrona, en Moyuta, Jutiapa. Como resultado, aproximadamente 600 unidades de transporte pesado con mercaderías destinadas a El Salvador y otros países de la región están varadas en el lugar.
La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) emitió un comunicado en el que subraya que la ruta bloqueada es “indispensable” para el tránsito de mercancías, materias primas, alimentos y medicamentos entre los países de la región centroamericana. Si bien reconocen que la falta de mantenimiento de la infraestructura afecta a la población, la CIG y la CCG se oponen a los bloqueos, considerándolos “actos ilegales” que vulneran el derecho a la libre locomoción y la libertad de industria, comercio y trabajo.
Ambas entidades coincidieron en que los bloqueos impactan negativamente en los precios de los productos de la canasta básica y afectan el desarrollo económico del país. Por ello, interpusieron una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad para proteger los derechos de los guatemaltecos. La resolución de la CC, que otorga el amparo provisional, subraya la necesidad de liberar los puntos de bloqueo de manera urgente.
