El contralor general de Panamá, Anel ‘Bolo’ Flores, reveló detalles de la auditoría realizada a la empresa china Panama Ports Company, subsidiaria del grupo CK Hutchison, donde se descubrieron serias irregularidades en el proceso de renovación del contrato de concesión.
Según Flores, la auditoría previa que permitió dicha renovación fue “tergiversada” y carecía de documentación esencial, lo que impidió una revisión completa de las inversiones de la empresa, un requisito indispensable para la renovación automática del contrato.
“Hubo fallos importantes. Sólo se verificaron 690 millones de dólares de los 1,000 millones requeridos para la renovación, y no hubo cooperación por parte de Panama Ports”, declaró Flores en conferencia de prensa.
#NoticiasTVN “El perjuicio para el país anda por el orden de $1.2 billones a razón de $55 millones, por año, que se dejaron de percibir, como parte de las repercusiones del contrato con Panama Ports Company y de los malos panameños”, aseguró el contralor de la República, Anel… pic.twitter.com/rXfoC4V8ZN
— TVN Noticias (@tvnnoticias) April 7, 2025
Además, destacó que la auditoría anterior, que fue utilizada para justificar la renovación del contrato, fue manipulada por la Autoridad Marítima de Panamá.
El contralor también puntualizó que la auditoría realizada en su gestión es exhaustiva, incluyendo componentes financieros, legales y jurídicos, y que presenta una visión más completa de la situación que la auditoría previa.
Flores subrayó que el análisis de la Contraloría reveló un perjuicio significativo para el Estado panameño, ya que Panama Ports no cumplió con las obligaciones pactadas, dejando al país con pérdidas millonarias.
En cuanto al impacto económico, el contralor recordó que desde 2002, Panamá ha recibido menos ingresos de los pactados con la empresa.
A lo largo de los años, el aporte del puerto al Estado ha disminuido considerablemente, pasando de 28 millones de dólares a solo 1.3 millones en 2003.
Flores estimó que, durante el periodo de concesión, Panamá debió haber recibido 1.337 millones de dólares, pero solo se recibieron 483 millones, lo que representa una pérdida de 853 millones de dólares para el país.
Flores también señaló que, además de la falta de cumplimiento con las inversiones acordadas, Panama Ports no ha entregado una parte significativa de sus ingresos al Estado. De acuerdo con el contralor, de los ingresos totales de la empresa, Panamá solo ha recibido el 9%, una proporción muy baja considerando el volumen de contenedores movidos por la compañía.
El contralor no dudó en responsabilizar a la Autoridad Marítima por el manejo inapropiado de la auditoría que permitió la renovación del contrato, aclarando que la Contraloría nunca refrendó la renovación de la concesión, como estipula la Ley 56 de 1995 sobre puertos.
Ante estos hallazgos, Flores adelantó que la Contraloría presentará denuncias ante el Ministerio Público para investigar penalmente a los directores de Panama Ports y a los responsables de la renovación del contrato. “Es necesario que se investigue por qué se permitió un contrato tan desfavorable para el país”, afirmó.
Finalmente, el contralor destacó que la Contraloría intensificará su supervisión sobre las terminales portuarias en todo el país para asegurar que se protejan los intereses del Estado.
