El gobierno de Belice ha impuesto desde el martes un estado de emergencia en áreas de la ciudad de Belice y otras zonas del país debido a una ola de violencia desatada por pandillas y un aumento inusitado de homicidios.
“Se declaró un estado de emergencia que cubre casi todo el lado sur de la ciudad de Belice y el área de Hattieville y Another World de Roaring Creek Village, así como el área de Young Bank de Camalote Village. Y, por lo tanto, también tenemos a la policía y a la Fuerzas de Defensa de Belice operando en Roaring Creek y Camalote recogiendo a aquellas personas que creemos que son parte integrante del brote de violencia armada en el área de Belmopan”, explicó el comisionado de Policía, Chester Williams.
El estado de emergencia permanecerá en vigor por un período no superior a un mes, pero puede extenderse mediante una resolución aprobada por la Asamblea Nacional por períodos adicionales.
La decisión se produjo después de un fin de semana violento cuando los delitos relacionados con las armas aumentaron a un ritmo alarmante. Tres personas fueron asesinadas en menos de dos días, y otros tiroteos se llevaron a cabo en la ciudad de Belice, la urbe más grande del país.
El estado de emergencia le da a la policía la facultad de entrar en cualquier local, detener y registrar cualquier buque, vehículo o individuo, y confiscar cualquier cosa que se encuentre que crean que tenía la intención de perturbar la seguridad y el orden públicos sin una orden.
“Ha llegado a una etapa en la que si no hacemos algo, entonces el cáncer se va a extender aún más y las otras pandillas van a sentir que no se les está haciendo nada, así que es mejor que también hagamos lo nuestro. Tenemos que asegurarnos de hacer algo que sea medible y que traiga algo de calma”, subrayó Williams.
Este año ya se han registrado 26 asesinatos en el país, lo que supone un alarmante aumento del 37% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Las fuerzas de seguridad están sometidas a una mayor presión para controlar la situación. El estado de excepción recién implantado se dirige principalmente contra miembros conocidos de bandas, con el fin de detenerlos y evitar posibles represalias violentas.
Williams descartó que los operativos policiales violen los derechos humanos, como han argumentado algunos críticos.
“¿Qué derechos son más importantes? ¿Los derechos de cincuenta personas que tienen como rehenes al país o a la ciudad o los derechos de más de 140 mil en la ciudad o los derechos de 440 mil personas? Tenemos que encontrar un equilibrio y estoy seguro de que algunos activistas de derechos humanos van a estar de acuerdo en que, como parte de los derechos humanos, tenemos que mirar el panorama general para ver si vamos a permitir que estas personas cuyos derechos creemos que deben ser protegidos continúen extinguiéndose”, dijo Williams.
