La dictadura Ortega-Murillo de Nicaragua ha ordenado la disolución de 151 organizaciones sin fines de lucro, entre ellas la influyente Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AMCHAM) y varias cámaras empresariales más.
AMCHAM, que llevaba 47 años operando en el país, agrupaba a unas 300 empresas nicaragüenses-estadounidenses.
Su misión, según su sitio web, era fomentar el comercio y la inversión entre Estados Unidos y Nicaragua, promoviendo el libre mercado y la libre empresa.
El régimen #OrtegaMurillo hoy oficializa la reforma a la Ley 1115 y además cancela 151 organizaciones más, la mayoria son camaras de comercio y asociaciones ganaderas, incluyendo la Cámara de Comercio Americana (AMCHAM). #SOSNicaragua pic.twitter.com/nxWiPGv1lb
— Amaru Ruiz 🐦 (@AmaruRuiz) August 22, 2024
Esta organización desempeñó un papel clave en la inclusión de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica.
Junto con AMCHAM, también fueron clausuradas las cámaras de comercio de empresas nicaragüenses aliadas de Alemania, España, Italia, Costa Rica y Centroamérica.
Además, el régimen disolvió la cámara de empresas privadas de Zona Franca y la federación centroamericana de restaurantes y negocios turísticos, que incluía cadenas de restaurantes y franquicias de comida rápida.
La medida fue oficializada en La Gaceta Diario Oficial de este 22 de agosto, mediante un acuerdo emitido por María Amelia Coronel Kinloch, ministra del Interior, y el esbirro represor Luis Cañas, viceministro.
Ambos funcionarios justificaron la decisión argumentando que las organizaciones afectadas no presentaron sus estados financieros durante periodos que van desde uno hasta 35 años.
Como consecuencia, los bienes de las cámaras, asociaciones religiosas, benéficas y otras entidades fueron confiscados, lo que anuncia tensiones con la empresa privada y Estados Unidos, principal socio de AMCHAM.
Esta nueva ola de disoluciones de organizaciones sociales y empresariales agrava el clima de represión en Nicaragua y se suma a la masiva cancelación y expropiación de bienes de diversas entidades, incluidas las académicas, científicas, deportivas, sanitarias y humanitarias.
En paralelo a esta acción, el régimen publicó reformas a la Ley 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro.
Estas reformas, aprobadas por la Asamblea Nacional, eliminan las exoneraciones fiscales de organizaciones de caridad, imponen impuestos a las iglesias y someten a control policial a las ONG bajo la ley de agentes extranjeros.
Las nuevas regulaciones permiten aplicar sanciones penales, confiscar bienes, desterrar y retirar la nacionalidad a miembros de organizaciones civiles, iglesias y receptores de fondos de donantes extranjeros.