La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, sancionó y ordenó la publicación de un decreto que impone el recuento “voto por voto” de las elecciones generales, mientras el Partido Nacional denunció un autogolpe y un desconocimiento de la voluntad popular.
La medida, oficializada en el Diario Oficial La Gaceta la medianoche del viernes 9 de enero de 2026, desconoce la declaratoria del Consejo Nacional Electoral (CNE) que proclamó ganador presidencial a Nasry Asfura.
Desde el inicio, la decisión abrió una confrontación directa entre el oficialismo y la oposición, en medio de advertencias sobre una crisis institucional.
Decreto entra en vigor pese a cuestionamientos legales
Con su publicación oficial, el decreto adquiere fuerza legal obligatoria, pese a que fue aprobado en una sesión legislativa sin quórum, según denunciaron partidos opositores.
El Congreso Nacional aprobó la medida con votos mayoritarios de diputados de Libertad y Refundación (Libre), acompañados solo por dos parlamentarios ajenos al oficialismo.
La oposición sostiene que la sesión violó normas básicas del derecho parlamentario y careció de legitimidad.
🚨🇭🇳 ALERTA HONDURAS DENUNCIAMOS UN AUTOGOLPE DE ESTADO POR PARTE DEL GOBIERNO DE LIBRE Y LA PRESIDENTA XIOMARA CASTRO⚖️🛑
Nuevamente se configura un delito de traición a la patria, impulsado desde el Congreso Nacional por Luis Redondo, con la responsabilidad directa de la… pic.twitter.com/J4l7k8gt83
— Tommy Zambrano (@TommyZambranoM) January 10, 2026
Recuento voto por voto y anulación de la declaratoria del CNE
El decreto ordena un recuento total de las 19,167 Juntas Receptoras de Votos (JRV) del proceso electoral general.
Además, deja sin efecto la declaratoria del CNE que confirmó la elección presidencial, legislativa y municipal de los cinco partidos participantes.
Con esta decisión, el Congreso reabre un proceso electoral que, según la legislación vigente, ya estaba cerrado.
📜🟢 I 𝗣𝘂𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗗𝗶𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗢𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗟𝗮 𝗚𝗮𝗰𝗲𝘁𝗮 𝗲𝗹 𝗱𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗮 𝗷𝘂𝘀𝘁𝗶𝗰𝗶𝗮 𝗲𝗹𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿𝗮𝗹 𝘆 𝗲𝗹 𝗿𝗲𝗰𝘂𝗲𝗻𝘁𝗼 𝘃𝗼𝘁𝗼 𝗽𝗼𝗿 𝘃𝗼𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮𝘀 𝟭𝟵,𝟭𝟲𝟳 𝗝𝘂𝗻𝘁𝗮𝘀 𝗥𝗲𝗰𝗲𝗽𝘁𝗼𝗿𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗩𝗼𝘁𝗼𝘀.🗳️… pic.twitter.com/n3NTbjAhhN
— Congreso Nacional de Honduras (@Congreso_HND) January 10, 2026
Solicitud de acciones penales contra consejeras electorales
Otro punto central del decreto es la petición directa al Ministerio Público para iniciar acciones penales contra las consejeras del CNE, Ana Paola Hall y Cossette López.
Juristas y actores políticos interpretan esta disposición como una criminalización del árbitro electoral, lo que intensifica la confrontación institucional.
Asimismo, advierten que la medida afecta la independencia constitucional del organismo electoral.
Oposición denuncia autogolpe y violación constitucional
El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, calificó la sanción presidencial como un autogolpe de Estado.
Zambrano afirmó que el decreto constituye un acto ilegal, sin atribuciones constitucionales, promovido desde el Congreso y avalado por la presidenta Castro.
También denunció un intento de manipular el proceso electoral y alterar la voluntad popular expresada en las urnas.
Advertencias sobre la transición democrática
La oposición recordó que Honduras ya cuenta con presidente electo, diputados electos y alcaldes electos, según la declaratoria oficial del CNE.
Además, exigió el respeto al calendario constitucional, que fija el 21 de enero para la instalación del nuevo Congreso Nacional y el 27 de enero para la toma de posesión presidencial.
Zambrano pidió a la comunidad internacional mantenerse vigilante ante lo que calificó como una amenaza a la democracia.
Reacciones internacionales y tensión institucional
La sanción presidencial ocurre pese a que misiones de observación de la OEA y la Unión Europea certificaron que los resultados reflejan la voluntad popular.
Ambos organismos avalaron la transparencia del proceso y validaron la declaratoria emitida por el CNE.
En este contexto, Honduras entra en una fase de alta tensión política, jurídica e institucional, con la transición democrática nuevamente en disputa.