A las puertas del Día Nacional del Periodista, que se celebra en Nicaragua cada 1 de marzo, los comunicadores del país centroamericano conmemorarán su día entre 2 realidades durísimas: una parte en el exilio y otra censurada en su propio país.
Así lo visualiza un reporte del organismo no gubernamental Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
“La situación de los periodistas independientes es alarmante, más de aquellos que han pasado por el encarcelamiento arbitrario, evidenciando una sistemática violación de los derechos fundamentales de expresión y prensa”, destaca el informe.
Desde abril 2018, cuando iniciaron las protestas cívicas, el régimen Ortega Murillo ha desatado una cacería contra periodistas y medios de comunicación. Más 👇
Campaña sobre #LibertadDeExpresión y contra la censura en #Nicaragua @PeriodistasNica @RELE_CIDH @CIDH @Europarl_ES pic.twitter.com/WCY03E77Q1— Colectivo Nicaragua Nunca Más (@ColectivoNunca) February 28, 2024
“El régimen Ortega Murillo, a pesar de compromisos internacionales y principios democráticos que Nicaragua ha firmado, continúa restringiendo la libertad de información y persiguiendo a quienes buscan ejercer un periodismo independiente y crítico”, señala el informe.
Resaltaron que es vital “que la comunidad internacional tome acciones concretas para presionar al régimen y puedan garantizar la protección de los derechos humanos y la libertad de expresión en el país”.
Según este documento, desde el inicio de las protestas cívicas en abril de 2018, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha desatado una implacable persecución contra periodistas y medios de comunicación independientes en Nicaragua.
Actualmente, todos los periódicos, decenas de radios y televisoras nacionales y locales no alineados con el régimen han sido cerrados o confiscados, en lo que constituye una estrategia sistemática de censura y control de la información.
La vicepresidenta y vocera del régimen, Rosario Murillo, ha calificado a los periodistas independientes como “terroristas” y “fuerzas de las tinieblas” por su labor de informar sobre violaciones de derechos humanos en el país.
El informe del Colectivo Nicaragua Nunca Más destaca que durante el primer semestre de 2023 se han empleado diversas formas de intimidación contra periodistas independientes, incluyendo amenazas de cárcel, expulsión del país, desplazamiento forzado, desnacionalización y criminalización.
Según denuncias de la organización gremial Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), al menos 22 personas del gremio fueron desnacionalizadas y unas 242 han salido al exilio desde 2018 hasta diciembre de 2023.
La familia del periodista Víctor Ticay, actualmente encarcelado en Nicaragua, ha denunciado que durante los primeros meses de su detención arbitraria, la Policía le prohibió recibir visitas, situándolo en una situación de desaparición forzada temporal, práctica que el régimen ha implementado sistemáticamente contra otras personas detenidas por motivos políticos.
El periodista fue condenado a ocho años de prisión por el régimen Ortega Murillo por difusión de información falsa y conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional.
De acuerdo con el Observatorio de PCIN, en 2020 se registraron 1,678 agresiones contra periodistas y medios independientes, cifra que se elevó a 1980 ataques hasta septiembre de 2021. En el periodo entre abril y junio de 2022, se reportaron al menos 48 agresiones, y en 2023, se denunciaron 83 casos.
La situación en Nicaragua ha generado una reducción drástica en el ejercicio de la libertad de expresión y prensa desde la crisis sociopolítica de 2018, erosionando el estado de Derecho y eliminando los espacios democráticos en el país, en contravención de la Constitución Política de la República, que garantiza derechos y deberes para el ejercicio periodístico, indica el Colectivo.
A pesar de los compromisos internacionales adquiridos por Nicaragua, como la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que protegen el derecho a la libertad de expresión, el régimen de Ortega Murillo persiste en la violación sistemática de estos estándares mínimos, según evidencian informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
