La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció este lunes que presentará en los próximos meses su memoria ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el marco de la demanda interpuesta contra Alemania, a quien acusa de facilitar supuestas violaciones al derecho internacional humanitario mediante su apoyo político, financiero y militar a Israel.
En una declaración oficial, la dictadura nicaragüense afirmó que dará continuidad al proceso iniciado el 8 de abril de 2024, cuando pidió al tribunal con sede en La Haya ordenar a Alemania “cesar de proveer apoyo” al Estado israelí, al que responsabiliza de llevar a cabo una “campaña de destrucción” contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza.
A pesar de que la CIJ rechazó en abril del año pasado emitir medidas cautelares para frenar las ventas de armas alemanas a Israel, Nicaragua aseguró que “persistirá en el respaldo al pueblo y Estado palestino” y que mantendrá su “compromiso con el Estado de derecho a nivel internacional”.
Según Managua, el respaldo militar de Alemania a Israel constituye una violación de la Convención sobre el Genocidio de 1948, suscrita tras el Holocausto.
Además, acusa a Berlín de agravar la crisis humanitaria en Gaza al suspender su financiamiento a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA), aunque el Gobierno alemán ha defendido en la corte que su política exterior se fundamenta en la “protección incondicional” de Israel.
La ofensiva diplomática de Nicaragua se produce en paralelo al caso presentado por Sudáfrica contra Israel ante la misma Corte, en el que también se debate la aplicación de la Convención contra el Genocidio en el contexto de la guerra en Gaza.
El régimen de Ortega anunció su intención de “colaborar y participar” en ese proceso, reafirmando su estrategia de alinearse con países que han denunciado internacionalmente las acciones militares israelíes.
Desde el inicio de la crisis sociopolítica interna en 2018, que ha dejado centenares de muertos y miles de exiliados, el régimen de Ortega ha intensificado su aislamiento diplomático y su acercamiento a alianzas internacionales críticas de Occidente, como Rusia, Irán, Venezuela y ahora Palestina, buscando reposicionarse en foros multilaterales a través de un discurso en defensa de los “derechos de los pueblos”.
Nicaragua, que enfrenta severas sanciones internacionales por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, ha utilizado en los últimos años escenarios como la CIJ y la ONU para intentar rehabilitar su imagen global, en medio de crecientes cuestionamientos sobre la legitimidad de su propio sistema judicial y su respeto al derecho internacional.
La Corte Internacional de Justicia, máximo órgano judicial de Naciones Unidas, deberá decidir en los próximos meses sobre la admisibilidad y el fondo del caso presentado por Managua, un proceso que podría extenderse durante varios años.
