En apenas 3 días, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo completó la reconfiguración del Poder Judicial con la incorporación de 5 operadores políticos de su círculo más estrecho, todos señalados por violaciones de derechos humanos en Nicaragua.
La tarde del jueves 27 de noviembre, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional juramentó, sin transmisión pública, a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Ellos son: Ana Julia Guido Ochoa, ex fiscal general: Shura Bonilyn Welcome Crawford, operadora judicial; José Manuel Fuertes Toledo, operador judicial; Ernesto Leonel Rodríguez Mejía y Octavio Ernesto Rothschuh Andino, ambos jueces sancionados por violaciones de derechos humanos.
Consumado está
La ceremonia ocurrió fuera de cámaras, mientras el canal parlamentario difundía únicamente una sesión solemne en solidaridad con Palestina.
La escena oficial se completó horas después con una fotografía publicada en redes sociales: sonrisas, la bandera rojinegra y el presidente del Parlamento actuando como maestro de ceremonias.
La designación cerró un proceso acelerado iniciado a inicios de semana, cuando Ortega y Murillo enviaron sus propuestas al Legislativo.
Lea además: Dictadura de Nicaragua profundiza su deriva autoritaria con elección de magistrados sancionados
La Asamblea, controlada por el Frente Sandinista, aprobó sin objeciones a los candidatos, pese a que tres de ellos están sancionados o señalados por la ONU y Estados Unidos por abusos sistemáticos, crímenes de lesa humanidad y atrocidades contra opositores.
El nuevo bloque judicial consolida la arquitectura de poder impuesta por la Constitución sandinista, que subordinó todos los órganos del Estado al Ejecutivo.
Criminales con toga
Entre los ascendidos destaca la exfiscal general Ana Julia Guido, acusada de fabricar causas contra opositores y sancionada en 2020.
También figuran Rodríguez y Rothschuh, operadores del despojo masivo de nacionalidad y confiscaciones ejecutadas en 2023.
Para Paulo Abrāo, exsecretario ejecutivo de la CIDH, la decisión profundiza el giro totalitario. “Se les recompensa por su lealtad a la dictadura. Es ofensivo para las víctimas”, dijo.
La reconfiguración judicial quedó así consumada: rápida, silenciosa y en manos de figuras asociadas a torturas, persecuciones y crímenes de lesa humanidad.