El régimen de Daniel Ortega avanzó de manera decisiva durante 2025 en la preparación de una sucesión dinástica destinada a consolidar el poder en manos de su esposa y actual copresidenta, Rosario Murillo, de acuerdo con un estudio del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM).
El plan se forjó mediante reformas constitucionales, reordenamientos institucionales y un endurecimiento sostenido de la represión, cita el estudio.
El informe, publicado en la edición número 187 del suplemento Perspectivas. Análisis Político, sostiene que el deterioro visible de la salud física y mental de Ortega, de 80 años, ha acelerado las maniobras de Murillo.
Ella, de acuerdo con el análisis, busca asegurar la continuidad del poder dentro del núcleo familiar, en un contexto marcado por el aislamiento internacional, sanciones y una profunda erosión de la legitimidad democrática.
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La “constitución chamuca”
Según el análisis, la piedra angular de esta estrategia fue la imposición en 2025 de una nueva Constitución Política, presentada oficialmente como una reforma parcial, pero que modificó más del 93 % del texto original.
La nueva carta magna instauró un régimen bicéfalo con dos copresidentes, eliminó la división de poderes, amplió el período presidencial y restringió derechos fundamentales.
Además, otorgó rango constitucional al estado policial impuesto tras la represión de las protestas sociales de 2018, que dejó más de 355 asesinatos, miles de heridos, cientos de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y crímenes de lesa humanidad.
El documento recuerda que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas (GHREN) calificó estas reformas como “un golpe final” al Estado de derecho, al consolidar un modelo de poder altamente concentrado y sin controles institucionales efectivos.
Poderes de papel
De forma paralela, el régimen aprobó reformas legales destinadas a cerrar aún más el sistema político.
Entre ellas destacan los cambios a la Ley Electoral, que limitan la competencia real, fortalecen el control del Ejecutivo sobre las autoridades electorales y establecen inhibiciones para candidaturas opositoras.
Todo ello, según CETCAM, terminó de sepultar la credibilidad de los procesos electorales en el país.
El estudio señala que Rosario Murillo ha avanzado en el control directo de los principales resortes del poder, particularmente el sistema judicial.
Mediante purgas, despidos masivos y la designación de magistrados leales, además de la creación de nuevas estructuras institucionales con amplias facultades represivas.
Sin embargo, el informe advierte que la sucesión dinástica carece de legitimidad interna y respaldo social.
Dictadura aferrada al poder
Persisten resistencias incluso dentro del propio sandinismo, reflejadas en purgas contra figuras históricas del régimen y en declaraciones del fallecido Humberto Ortega, hermano del presidente, quien antes de morir afirmó que Murillo nunca logró reconocimiento pleno dentro del orteguismo.
CETCAM concluye que la sucesión dinástica constituye un punto crítico para el futuro de Nicaragua.
Mientras el régimen apuesta por su continuidad y afianzamiento, el estudio subraya que este escenario también podría abrir una oportunidad para la oposición y la comunidad internacional de impulsar una transición democrática.
Sin embargo, advierten que hasta ahora, no existen señales de voluntad política del Gobierno para transitar ese camino.