El cuestionado Ministerio Público (MP) de Guatemala reiteró que es una institución autónoma que actúa apegada al mandato constitucional, mientras ciudadanos protestaban frente a sus instalaciones por su persecución política y en momentos en que crecía la convocatoria para un paro para este 24 de julio.
En un comunicación, el MP dijo que no está subordinado a organismos nacionales o extranjeros, esto en respuesta a varios cuestionamientos de parte del gobierno de Estados Unidos, la ONU, OEA, Unión Europea, la empresa privada guatemalteca y otras an que su intervención contra el partido Movimiento Semilla es un atentado contra el estado de derecho y la democracia.
“Todo intento de presión y coacción para detener cualquier investigación en curso autorizada por juez competente, o dejar de cumplir con su función de ser garante del cumplimiento de las leyes del país y de la protección de todas las víctimas del delito”, rechazó el MP en un comunicado.
Sin embargo, ciudadanos indignados por su accionar tras las elecciones generales del 25 de junio consideran que la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, y el de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche, son “corruptos”.
Ambos mantienen una persecución contra Movimiento Semilla, el partido que disputará la segunda vuelta electoral el 20 de agosto próximo, frente a la UNE.
La Feci alega que hubo miles de inscripciones fraudulentas de miembros del instituto político, por lo que pidió la anulación de la personería jurídica y el juez Fredy Orellana, del juzgado séptimo penal, lo avaló.
Tanto Orellana como Curruchiche están en la Lista Engel, emitida por Estados Unidos y en la que incluye nombres de personajes “corruptos y antidemocráticos”.
Llamado al paro
Y mientras el MP trataba de desvirtuar los señalamientos en su contra, la convocatoria al paro de este lunes cobraba fuerza.
Varias organizaciones de diferente calibre compartían el llamado mediante redes sociales.
El paro ha sido convocado “en defensa de la democracia” y como demostración de fuerza ante entidades “corruptas”, entre las que señalan al MP.
