Consuelo Porras llega al final de su camino de todopoderosa funcionaria de justicia guatemalteca y está parada justo al filo de un abismo legal. A sus 72 años, esta abogada, sancionada internacionalmente, está por dejar el cargo de fiscal general y su futuro es incierto. Fuera del cargo, deberá pagar las facturas de su tumultuosa gestión de 8 años al frente del Ministerio Público. Y lo sabe muy bien. Es la hora de su relevo.
Al menos 15 fiscales y funcionarios cercanos a ella le acompañan en ese un futuro incierto. Exfiscales advierten que la salida del cargo no implica inmunidad penal o civil.
Porras mantiene una relación de confrontación con el presidente Bernardo Arévalo y figura bajo sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea por presuntos actos de corrupción y ataques a la democracia. Ese contexto marca el escenario de transición institucional.
Renuncias y retiros anticipan cambios internos
En las últimas semanas se registraron movimientos dentro del Ministerio Público (MP). Érick Schaeffer, secretario adjunto, presentó su renuncia. Además, Aura Marina López, fiscal regional, solicitó su retiro voluntario.
El MP aclaró que ambas decisiones responden a derechos laborales. Señaló que el retiro voluntario aplica a un número limitado de funcionarios que cumplen requisitos de edad y antigüedad.
Ejercer el derecho al voto fortalece la institucionalidad y el Estado de derecho. ✔️ pic.twitter.com/eLyseGHfFZ
— María Consuelo Porras (@Mconsueloporras) January 5, 2026
Exfiscales señalan posibles responsabilidades futuras
Desde el exilio, Siomara Sosa, exsubjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), una dependencia que Porras convirtió en algo así como su brazo armado, le afirmó a la ubicación “Con Criterio” que estas salidas no eliminan posibles responsabilidades. Indicó que el nuevo fiscal general deberá revisar resoluciones adoptadas durante esta administración.
Sosa citó casos con sobreseimientos polémicos. Señaló que esas decisiones podrían derivar en nuevas investigaciones penales.
Dificultad para vincular decisiones directamente a Porras
La exfiscal Samari Gómez, encarcelada durante la gestión de Porras, explicó que muchas resoluciones no requieren la firma directa de la fiscal general. Según dijo, eso complica una atribución penal directa.
No obstante, afirmó que declaraciones públicas de altos funcionarios podrían ser objeto de análisis. También indicó que Rafael Curruchiche, jefe de la FECI, podría quedar más expuesto.
Curruchiche aparece como figura más vulnerable
El exfiscal Édgar Morales, destituido bajo reformas internas, coincidió en esa lectura. Señaló que Rafael Curruchiche, el soldado más leal de Porras, podría convertirse en el principal señalado si se buscan responsabilidades dentro de la cadena de mando.
Morales sostuvo que la administración actual respaldó sus acciones, pero evitó vínculos formales. Afirmó que esa estrategia busca reducir costos políticos y legales.
Lista de funcionarios bajo observación
Tres exfiscales identificaron a funcionarios con acceso directo o roles clave durante la gestión de Porras. Entre ellos figuran Ángel Pineda, Juan Luis Pantaleón, Claudia Arrecis y Rafael Curruchiche, entre otros fiscales regionales y especializados.
La lista incluye personal administrativo y fiscales de áreas sensibles como la FECI, Derechos Humanos y Extinción de Dominio. Los entrevistados aclararon que el listado no es exhaustivo.
Posibles ajustes antes del relevo en el MP
En el Ministerio Público podrían aprobarse cambios internos antes del relevo. Señaló que la figura de “personal de confianza” permitió destituciones durante esta gestión y podría usarse nuevamente.
Ese antecedente genera preocupación entre exfiscales. Consideran que algunas modificaciones buscarían proteger a funcionarios específicos.
Transición bajo presión institucional y política
El cierre de la administración de Consuelo Porras coincide con fuertes demandas de rendición de cuentas. Organismos internacionales y sectores locales observan el proceso con atención.
Exfiscales sostienen que el próximo liderazgo del MP marcará el rumbo. El énfasis estará en revisar decisiones pasadas y definir responsabilidades en casos vinculados a corrupción e impunidad.
El conflicto con Arévalo
Ni Bernardo Arévalo ni Consuelo Porras logró disimular la guerra abierta que mantuvieron incluso antes de que el ahora mandatario asumiera el Ejecutivo en enero de 2024.
La fiscal general intentó, incluso promoviendo la cancelación del Movimiento Semilla, boicotearlo. Y aunque alguna vez se estrecharon la mano públicamente, ambos lanzaron misiles desde sus trincheras cada vez que pudieron.
Nada menos el lunes anterior, tras un mensaje presidencial en el que el gobernante habló sobre la importancia de las elecciones de segundo grado en este año, Porras dijo que la realidad del país no se cambia ni con discursos ni con narrativas en cadenas nacionales.
Durante 2 años de gobierno, Arévalo ha usado el término “espuria” y “corrupta” para referirse a la gestión fiscal. Pero todo viene de antes.
Desde el 2023
Tras el avance de Arévalo a la segunda vuelta electoral en 2023, el Ministerio Público abrió investigaciones contra el Movimiento Semilla (que lo llevó al poder) por supuestas irregularidades en su inscripción, lo que derivó en una orden judicial de suspensión que limitó su actuación en el Congreso y debilitó la agenda legislativa del oficialismo.
Antes y después de la toma de posesión, la fiscalía impulsó acciones para retirar la inmunidad del presidente y mantuvo abiertos varios expedientes en su contra. Entre ellos figuran el llamado caso de las firmas y otras investigaciones que el gobierno calificó como políticamente motivadas. Estas actuaciones se ampliaron con detenciones de dirigentes de Semilla y recursos judiciales que reforzaron la suspensión del partido.
El conflicto también se trasladó a las cortes y al Congreso. La Corte de Constitucionalidad bloqueó los intentos del Ejecutivo para destituir a Porras, mientras el Ministerio Público realizó inspecciones e investigaciones coincidentes con votaciones clave. Este pulso legal ha erosionado la capacidad de gestión del gobierno y mantiene un clima de tensión institucional permanente.
Ni Arévalo logró la destitución que tanto buscaba para Porras ni ella logró que lo enjuiciaran, pero esa guerra resultó contraproducente para el país. Debilito al gobierno y a la fiscalía le acarreó un desgaste innecesario.
La fiscal general recibió en su momento el aoyo de los presidentes Jimmy Morales y Alejandro Giammattei.
La elección
Hecha la convocatoria para aspirantes al cargo en el Congreso, el 18 de febrero se conformará la Comisión de Postulación. Durante marzo, esa instancia evaluará los expedientes y definirá la nómina de 6 aspirantes.
La lista deberá quedar concluida antes del 2 de mayo, para que el presidente Arévalo elija al nuevo fiscal general, quien asumirá el cargo el 17 de mayo. Y es seguro que no será Porras.
Y si al mandatario le tocara escribir un mensaje de despedida, de seguro sería algo como “termina la era del pacto de corruptos que ha cooptado la institucionalidad del país”. Esa es su tesis. Y, claro, con atención a María Consuelo Porras Argueta y su séquito.