Guatemala cumple este lunes 2 semanas de protestas de grupos que exigen en esencia dos cosas: respeto a la democracia y la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, una funcionaria señalada de corrupta y acusada de proteger a una oscura argolla que se resiste a perder el poder.
Y mientras los bloqueos aumentan y más ciudadanos se unen a ellos, un sector de la sociedad también comienza a alzar la voz, pero en reclamo a los múltiples cierres que han provocado millones de dólares en pérdidas en 14 días.
Durante el fin de semana, ciudadanos de las zonas 15 y 16, de clase media y alta, vestidos de blanco protestaron públicamente contra los bloqueos por el negativo impacto que estos tienen en el país.
Un duro golpe
La Cámara de Comercio de Guatemala (CCG) estimó las pérdidas, en los primeros 12 días de bloqueos, en $1,275 millones.
Lo visible son las protestas, lo que está oculto son los costos que estas generan.
Por ejemplo, 4 de cada 5 reservas de hotel han sido canceladas, todos los viajes por tierra en autobuses comerciales desde el extranjero también (por la imposibilidad de avanzar con de forma normal por carretera), unos 4,000 restaurantes han suspendido operaciones y unos 12,000 tienen trabajo a medias.
Además, cada día de bloqueo afecta a 300,000 jornadas de trabajo formal y al menos 600,000 del área formal.
Con semejantes números, las cosas no pintan nada bien para nadie.
Se estima que por cada día de protestas, que bloquean las principales calles y carreteras, Guatemala pierde $15 millones en exportaciones y unos $7.2 millones solo los agricultores, que no pueden enviar sus productos al extranjero (principalmente El Salvador).
La suspensión de eventos de diferente tipo (bodas, cumpleaños, fiestas de aniversarios, entre otros), está dejando unos $3.8 millones en pérdidas por día, una factura muy elevada, a pesar de la legitimidad de los reclamos sociales.
Nadie da su brazo a torcer
Ni los 48 Cantones, los organizadores iniciales de los bloqueos, ni el gobierno de Alejandro Giammattei ni la fiscal Porras quieren ceder. Los primeros insisten con que los bloqueos continuarán de forma indefinida, el segundo dice que por legalidad no puede despedir a la jefa del Ministerio Público y ella, ausente del foco social, se aferra a su cargo a pesar de que Estados Unidos, la OEA, la ONU, las gremiales privadas locales y gran parte de la sociedad están en su contra.
La OEA mantiene una misión en el país que se encarga de intentar mediar entre el Ejecutivo y los manifestantes y aunque hay “esperanzas” de que las cosas puedan resolverse por la vía del diálogo, la solución está lejos de alcanzarse. Al menos es lo que se percibe.
El fin de semana, un empresario trató de conversar con los manifestantes para que abrieran el paso, pero fue en vano.
“Nosotros vamos a pagar esta quincena, no estamos trabajando, la próxima quincena pago la mitad y si sigue, se van las 40 personas. No vamos a poder pagar sin estar trabajando. Me duele el alma, pero los tengo que despedir… el pueblo chingando al pueblo”, dijo.
Ciudadanos, que visten camisas blancas y portan banderas de Guatemala, realizan una manifestación en el Parque de Central, para exigir “No más bloqueos”.
Vía: @andrefuentes_gt pic.twitter.com/5Tcla4vAay
— Azteca Noticias GT (@AztecaNoticiaGT) October 15, 2023
Sus declaraciones, que fueron compartidas en redes sociales, tienen una verdad que atraviesa argumentos: sin generar ganancias no se puede sostener ningún negocio. Y el negocio está parado por los bloqueos.
La Corte de Constitucionalidad presionó ayer por los desalojos de la planta que abastece de agua a la capital y su periferia y ordenó que las autoridades retomen el control de esta. Caso contrario, procedería a destituir a los funcionarios que incumplan el mandato.
Estaba por verse el resultado.
