El Congreso de Guatemala dio un paso decisivo en la lucha contra las pandillas al aprobar en primera lectura una iniciativa que busca implementar un nuevo sistema de alertas para resguardar a niños y adolescentes víctimas de acoso por parte de estructuras criminales.
La medida se produce después de la sentencia por el asesinato del creador de contenido Sebastián Pop, conocido como Farruko Pop, a manos de pandilleros.
La propuesta legislativa se inspira en los casos de Ángel Ariel Escalante y Domingo Sicay, dos adolescentes que perdieron la vida tras negarse a unirse a clicas de maras.
La normativa plantea que directores de escuelas y colegios denuncien de inmediato estos casos a la Procuraduría General de la Nación, que podría ordenar incluso el traslado de las familias afectadas para garantizar su seguridad. El protocolo se complementaría con la participación de la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y el Organismo Judicial.
La diputada Lucrecia Marroquín presentó la iniciativa en febrero de 2024 con el propósito de establecer un mecanismo integral que evite más tragedias como la de Ángel, lanzado desde el puente Belice en 2015, o la de Domingo, asesinado a tiros en 2023 cuando salía de su instituto. Ambos fueron víctimas del hostigamiento constante de pandilleros que buscaban reclutarlos.
Declarar a las pandillas como grupos terroristas
Paralelamente, el Congreso aprobó el punto resolutivo 1-2025, con 90 votos a favor y 35 en contra, para exhortar al Ejecutivo a declarar como grupos terroristas al Barrio 18 y la Mara Salvatrucha.
La moción fue presentada por la diputada Nadia de León Torres tras la reciente decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de clasificar al Barrio 18 como Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designado.
El documento establece lineamientos para que el Ejecutivo actúe con urgencia: desde crear cárceles especializadas para miembros de pandillas, hasta coordinar operaciones conjuntas entre el Ejército y la Policía Nacional Civil.
También instruye al Ministerio de Relaciones Exteriores a reforzar la cooperación internacional en materia de inteligencia y seguridad, especialmente con Estados Unidos y otros países de Centroamérica.
El Congreso de Guatemala busca así cerrar filas contra las estructuras criminales que por décadas han sembrado violencia en la región.
Con estas acciones, el Legislativo coloca al país en una ruta más firme contra las maras, enviando un mensaje regional e internacional de que Centroamérica debe trabajar unida frente a la amenaza que representan estas organizaciones.
