La Administración del presidente Donald Trump anunció este lunes la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que desde hace más de dos décadas ha permitido a unos 76.000 hondureños y nicaragüenses residir y trabajar legalmente en Estados Unidos, en lo que representa un nuevo golpe a las comunidades centroamericanas.
Según un documento preliminar divulgado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la decisión entrará en vigor 60 días después de que se publique oficialmente en el Registro Federal, un trámite previsto para mañana martes. Esto significa que, a partir del 8 de septiembre, miles de familias enfrentarán la amenaza inmediata de la deportación.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justificó la medida alegando que Honduras y Nicaragua “ya no continúan cumpliendo los criterios para la designación del TPS”, concedido originalmente en enero de 1999 tras el devastador paso del huracán Mitch, que causó la muerte de más de 11,300 personas en Centroamérica. Solo en Honduras se reportaron cerca de 7.000 víctimas mortales, mientras que en Nicaragua se contabilizaron casi 4,000.
De acuerdo con estimaciones oficiales, la cancelación afectará a unos 72,000 hondureños y 4,000 nicaragüenses que han vivido en Estados Unidos con permisos temporales renovables, sometiéndose cada 18 meses a rigurosas verificaciones de antecedentes criminales. Un informe del Congreso calcula que uno de cada tres beneficiarios reside en el estado de Florida.
El gobierno de Trump argumentó que, con el paso de los años, las condiciones que motivaron la protección humanitaria se han “normalizado”. Citó como ejemplos el auge del turismo y las inversiones en energías renovables en Nicaragua y “los nuevos proyectos de infraestructura que transformarán a Honduras y generarán empleo”.
La medida se conoce apenas dos semanas después de que el mismo gobierno anunciara el fin del TPS para más de medio millón de haitianos. Esa orden fue bloqueada por un juez federal, pero otro fallo de la Corte Suprema, en mayo, dio luz verde a Trump para cancelar la protección de unos 350.000 venezolanos.
Durante su primer mandato, Trump intentó sin éxito desmantelar el TPS para migrantes de El Salvador, Haití, Nepal, Sudán y otros países, en un esfuerzo que sus críticos califican de “hostil” hacia las comunidades latinoamericanas. Esta vez, los hondureños y nicaragüenses se convierten en las nuevas víctimas de su ofensiva contra la migración humanitaria.
Organizaciones de defensa de los migrantes advirtieron que miles de familias quedarán en la incertidumbre y expuestas a la separación si no se logra detener la orden en los tribunales.
La resolución otorga un plazo improrrogable de 60 días para abandonar el país de manera voluntaria o enfrentar procedimientos de deportación. La noticia ha generado alarma entre líderes comunitarios y consulados centroamericanos, que se preparan para un eventual retorno masivo.
La comunidad centroamericana en Estados Unidos, que supera los 4 millones de personas, teme que otras nacionalidades con TPS, como los salvadoreños, puedan ser las siguientes en la lista de cancelaciones.
La decisión de la Casa Blanca marca un giro histórico en la política migratoria de Estados Unidos, que había otorgado estas protecciones como respuesta a catástrofes naturales y crisis humanitarias que, según defensores, siguen sin resolverse en la región.
