La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo confirmó con un discurso de odio la confiscación del colegio católico San José de Jinotepe, Carazo, un centro educativo administrado por las hermanas de la Congregación Josefinas con más de 100 años de trayectoria.
En su habitual intervención de mediodía, la dictadora Rosario Murillo anunció que lo rebautizará con el nombre del militante sandinista Bismarck Martínez.
Este fue un paramilitar a sueldo del régimen, muerto mientras reprimía con armas de guerra a los manifestantes en 2018 en Carazo.
Murilló afirmó falsamente que en las instalaciones del colegio se “torturó” y “asesinó” a Martínez durante las protestas de 2018, acusaciones que no respaldadas por investigaciones judiciales independientes.
“Ese colegio fue trasladado al Estado por ser emblemático de la barbarie”, dijo Murillo, quien calificó el centro como un “lugar de crímenes de odio” presuntamente cometidos por opositores a su régimen.
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Nuevo centro de lavado de cerebro
La confiscación comenzó a ejecutarse a inicios de esta semana, con presencia de funcionarios de la Procuraduría General de la República y de la Policía Nacional, subordinada a los dictadores Ortega y Murillo.
Docentes de la Unidad Sindical Magisterial informaron que los padres de familia fueron convocados a reuniones de emergencia tras la ocupación policial.
A las autoridades religiosas las expulsaron del centro y les impusieron un plazo de salida del país.
Según Murillo, unos 600 estudiantes serán reubicados bajo el sistema de “educación gratuita” que promueve el régimen, y el centro escolar reabrirá la próxima semana ya con el nuevo nombre.
Sin embargo, padres y docentes expresaron preocupación por el impacto en la calidad educativa y la continuidad de los programas académicos.
La dictadura ha convertido la educación gratuita en centros de propaganda y lavado de cerebro a favor de los caudillos sandinistas.
Un golpe a la libertad religiosa
La abogada y defensora de derechos humanos Martha Patricia Molina calificó el hecho como “un día infame para la libertad religiosa en Nicaragua”, recordando que las monjas Josefinas tienen más de un siglo de labor educativa y social en el país.
En 2016 la Asamblea Nacional, controlada por el régimen, otorgó a la congregación la “medalla de honor de oro” por su servicio a la educación y la asistencia social.
El reconocimiento mencionaba de forma explícita al Colegio San José de Jinotepe, hoy en manos del Estado, junto a otros centros y hospitales administrados por las religiosas.
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Confiscaciones en aumento
La toma del colegio se suma a una serie de confiscaciones ejecutadas en los últimos años contra propiedades de la Iglesia católica, organizaciones civiles y medios de comunicación independientes, en el marco de la persecución política y el cierre del espacio cívico que mantiene la dictadura Ortega-Murillo.
Desde 2018, el régimen ha incrementado el despojo de bienes de congregaciones religiosas, expulsado a órdenes completas de monjas y sacerdotes.
También ha cerrado colegios y hospitales católicos, en un patrón que organismos internacionales consideran parte de una estrategia de control absoluto de la sociedad.
