La dictadura Ortega-Murillo mantiene detenidos a 14 adultos mayores por motivos políticos en Nicaragua, al menos tres de ellos de más de 70 años, según denunció el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
“Denunciamos que estas personas requieren atención especial debido a su edad y condiciones de salud, enfrentan tratos crueles, condiciones carcelarias inadecuadas y falta de acceso a atención médica”, sostuvo la organización en un comunicado.
Entre los adultos mayores presos políticos figuran el exdiputado y veterano líder indígena Brooklyn Rivera, de 72 años, arrestado desde septiembre de 2023
El líder de la etnia miskita era diputado de la Asamblea Nacional por el partido indígena YATAMA (Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama, que significa Hijos de la Madre Tierra). Rivera Bryan se encontraba viviendo de manera clandestina en Nicaragua luego que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo le impidieran ingresar a su país tras haber participado en un foro sobre las comunidades indígenas en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos en abril de 2023.
También figura Steadman Fagoth Müller, de 71 años, exdirector del Instituto Nicaragüense de la Pesca (Inpesca) y exasesor de Daniel Ortega para asuntos indígenas. Fagoth fue detenido tras denunciarla complicidad de las fuerzas de seguridad con colonos armados que despojan de sus tierras a las comunidades indígenas para la explotación minera, ganadera y otros negocios ilícitos.
Fagoth fue arrestado el pasado 14 de septiembre en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN).
Además, en la lista figura el periodista Leo Catalino Cárcamo Herrera, de 61 años, los exmilitares Eddie Moisés González Valdivia de 66 y Víctor Boitano Coleman de 63. También el reconocido abogado antisandinista, José Manuel Urbina Lara, de 62.
La lista la completan José Ricardo Cortez Davila (71), Eddy Danilo Meléndez Lacayo (69), Julio Antonio Quintana Carvajal (66), Wilfredo José Balmaceda Castrillo (64), Fabio Alberto Cáceres Larios (64), Nancy Elizabeth Henríquez James (62), Zacarías Isabel Cano Angulo de 61 y Eliseo de Jesús Castro Baltodano (60).
El Mecanismo denunció que en Nicaragua hay normativas que regulan el trato a las personas privadas de libertad adultos mayores, que sin embargo, no se aplican en el caso de los presos políticos.
Entre las medidas incumplidas se incluyen garantizar el acceso a servicios de salud y atención especializada para personas en situación de vulnerabilidad, como los adultos mayores, recibir un trato acorde con su edad y estado de salud y la posibilidad de sustituir la pena privativa de libertad por medidas alternativas para personas mayores de 70 años.
“A pesar de estas disposiciones, los testimonios y reportes indican que el Estado incumple estas normativas, manteniendo a adultos mayores presos políticos en condiciones degradantes y sin acceso a atención médica adecuada”, denunció la organización que exigió la liberación inmediata de toda las personas presas políticas y el respeto a los derechos humanos de los adultos mayores en detención.
