La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el oficialismo, aprobó este jueves una nueva reforma constitucional que endurece las obligaciones de los funcionarios públicos bajo el argumento de “proteger los intereses del Estado”.
A sugerencia de la dictadura matrimonial compuesta por Daniel Ortega y Rosario Murillo, la modificación afecta al artículo 118 de la Constitución y establece que todos los funcionarios, elegidos o nombrados por la Presidencia, deberán garantizar la correcta administración, conservación y rendición de cuentas de los bienes y recursos estatales.
El incumplimiento, según el texto aprobado, será causal inmediata de remoción del cargo y abrirá la puerta a sanciones administrativas, civiles y penales. Ya se sabe que en Nicaragua la justicia la ejerce la dictadura conyugal y no hay garantías jurídicas.
Solo “corrupción autorizada”
Expertos en derecho constitucional consultados bajo condición de anonimato advirtieron que la medida busca reforzar el control político del Ejecutivo más que combatir la corrupción.
“El mensaje es que todos los funcionarios son sustituibles y vigilados. El que dude, se va rapidísimo, sin más trámite”, señaló uno de ellos.
Antes de la reforma, la Carta Magna únicamente contemplaba la destitución por incumplir los principios fundamentales. Ahora, la ampliación permite sancionar discrecionalmente lo que el régimen considere como “incorrecta administración”, un término que, según juristas, carece de definición clara.
Verdugos con superpoderes
El cambio constitucional se enmarca en la creación de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), una nueva entidad que aglutina funciones del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República en una sola persona designada por los tiranos.
Críticos la han denominado un “superministerio de justicia” al servicio del Ejecutivo, que concentra facultades sin precedentes en la historia reciente del país.
Durante el debate parlamentario, el jefe de la bancada sandinista, Edwin Castro, subrayó que los jefes de instituciones ya no podrán alegar desconocimiento sobre el uso indebido de recursos públicos.
“Si una institución no hace buen uso de los recursos, es responsabilidad de los jefes que eso no ocurra”, recalcó.
Advertencias de la Procuradora
La procuradora general Wendy Morales, designada por Ortega-Murillo, reforzó el tono de advertencia y recordó que “los salarios de los funcionarios se pagan con impuestos de los nicaragüenses”.
En declaraciones al Canal 6, de propiedad estatal, sostuvo que estas disposiciones buscan perseguir a quienes cometan actos de corrupción, aunque analistas consideran que en la práctica podrían usarse como un instrumento de castigo político.
La reforma se enmarca en una purga de Murillo contra antiguos aliados y cuadros históricos del FSLN, ahora traicionados por Ortega.
Estos movimientos son interpretados como parte de una estrategia de blindaje del régimen en medio de crecientes tensiones internas y aislamiento internacional.
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Crímenes de lesa humanidad
Desde 2018, Nicaragua atraviesa una profunda crisis política y de derechos humanos, marcada por la represión a las protestas en abril de 2018.
Desde entonces Ortega y Murillo han cometido crímenes de lesa humanidad, forzado al exilio de miles de nicaragüenses, desterrado a centenares de religiosos y confiscados universidades, empresas y medios independientes.
Organismos internacionales como la ONU y la Unión Europea han denunciado la consolidación de un modelo autoritario y familiar en torno a Ortega y Murillo, quienes gobiernan el país desde 2007 y a quienes achacan la responsabilidad de crímenes de lesa humanidad.
