Todas las propiedades mercantiles e inmuebles existentes en Nicaragua, pasarán a estar bajo el control directo de la familia Ortega-Murillo, luego que el régimen perpetrara un asalto al Poder Judicial y modificara la Constitución Política para restarles funciones a ese poder del Estado.
La Asamblea Nacional, un poder del Estado sometido completamente al Ejecutivo que el dictador Daniel Ortega comparte con su pareja Rosario Murillo, modificó la Constitución para modificar las atribuciones del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial (CNACJ) de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Este Consejo está presidido, hasta el momento, de manera oficial, por la magistrada presidente de la CSJ, Alba Luz Ramos Vanegas, quien fue desalojada de su oficina por policías de la dictadura, interrogada y recluida en su casa bajo régimen de “casa por cárcel”.
Los diputados de la Asamblea Nacional eliminaron el control de la CSJ sobre los registros públicos (mercantil, personas, garantías mobiliarias y beneficiario final de sociedades mercantiles), los cuales ahora estarán bajo el control de la Procuraduría General de la República (PGR), oficina supeditada por ley a la Presidencia de la República que Ortega usurpa desde 2007.
En la reforma, los diputados obedientes a Ortega y Murillo, eliminaron el numeral 4 del artículo constitucional 165 y reformaron los numerales 5 y 6 del mismo.
Con ello anularon la jurisdicción sobre los registros públicos al poder judicial, y con las reformas de los numerales 5 y 6 le quitan al mismo poder judicial las facultades de nombrar registradores públicos.
Después aprobaron una nueva ley, denominada Ley de Adscripción del Sistema Nacional de Registros a la PGR, que le confiere a esta última institución todas las facultades que eran propias del poder judicial sobre los registros públicos.
“La Ley agilizará y optimizará la administración de los Registros Públicos de: Propiedad, Mercantil, Personas, Garantías Mobiliarias y Beneficiario final de Sociedades Mercantiles”, dice la carta de la nueva ley.
La PGR ha sido la institución utilizada por la familia Ortega-Murillo para confiscar viviendas y bienes a los opositores, intervenir oficinas privadas, nacionalizar negocios privados, traspasar al Estado los bienes de organizaciones civiles, empresariales y religiosas y legalizar la usurpación de las universidades, colegios y centros humanitarios de la Iglesia Católica.
Los registros públicos de la propiedad se instauraron en Nicaragua en 1904 y, por mandato legal, han sido una dependencia del poder judicial, con facultades de organismo supervisor y de control administrativo, con responsabilidad de nombrar y destituir a los registradores públicos.
Históricamente funcionario así hasta que en 1979, con el ascenso al poder del FSLN en la primera etapa de la dictadura sandinista, fueron transferidos a la PGR hasta 1990.
Ello dio pie a la transferencia de propiedades confiscadas y robadas por los funcionarios sandinistas en 1990, en lo que se conoce como La Piñata, la más grande estafa de propiedades en la historia de Nicaragua que le costó al Estado más de $2,500 millones.
