El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más denunció este martes en San José, Costa Rica, los esfuerzos del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua para controlar y reprimir a la Iglesia Católica y su feligresía.
En el informe “Violaciones a la libertad religiosa – Etapas de represión contra la Iglesia en Nicaragua”, presentado por este organismo de derechos humanos, se acusa a la dictadura nicaragüense de intentar usurpar y destruir las actividades religiosas del país.
Juan Carlos Arce, abogado y miembro del Colectivo, destacó que el régimen de Ortega, que controla los cuatro poderes del Estado y las fuerzas armadas y policiales, busca “configurar una Iglesia a la medida”.
Esta situación se agrava con la intención de reemplazar a la Iglesia en la organización de eventos religiosos clave, como las procesiones y festividades, una estrategia que Yader Valdivia, activista nicaragüense, considera como herramientas de “propaganda política y control social”.
“Por un lado podemos observar como las actividades religiosas de fe son canceladas o son limitadas a realizarse dentro de los templos (…), y por otro lado como el Estado de Nicaragua ha asumido estas actividades religiosas como actividades populares”, agregó.
Sobre el proceso de ahogamiento financiero que sufre la Iglesia, según el Colectivo, “van desde amenazas fiscales a confiscación y congelamiento de cuentas que han afectado operaciones diarias de la Iglesia”.
La tensión entre el Estado y la Iglesia se ha intensificado desde que la Policía al servicio de la familia Ortega-Murillo, prohibió las procesiones de viacrucis y otras celebraciones religiosas desde febrero pasado.
Además, empezó a confiscar bienes de la Iglesia y el clero, mientras comenzó a apresar a sacerdotes, a expulsar y desterrar a otros miembros de la iglesia y condenar a 26 años de cárcel al obispo Rolando Álvarez.
Ortega ha llegado a tildar a sacerdotes, obispos, cardenales y al Papa Francisco de “mafia”, demonios y antidemocráticos. En una entrevista con Infobae, el Papa Francisco respondió calificando a Ortega de “dictador grosero”, destacando “un desequilibrio de la persona que dirige” Nicaragua.
El Colectivo también denuncia un “ahogamiento financiero y operativo” de la Iglesia, que incluye el cierre de medios de comunicación y centros de estudios católicos, así como el encarcelamiento y expulsión de sacerdotes.
Se reporta la confiscación y congelamiento de cuentas que han impactado las operaciones diarias de la Iglesia.
Estos actos del régimen de Ortega se enmarcan en un contexto más amplio de represión contra la libertad religiosa y otros derechos fundamentales en Nicaragua. El Colectivo insta a organizaciones internacionales de derechos humanos a mantener un escrutinio constante sobre la situación en Nicaragua y tomar medidas efectivas para asegurar el respeto de los derechos fundamentales en el país.
Arce subraya que Nicaragua vive “el mayor ataque en la historia del país a la fe, a la libertad de expresión, a la libertad de organización”, lo que constituye un ataque sin precedentes a los derechos humanos en la nación.
El deterioro de las relaciones entre el gobierno de Ortega y la Iglesia Católica está marcado por una serie de acciones represivas que incluyen expulsiones, encarcelamientos y la prohibición de actividades religiosas, lo que representa una grave preocupación para la comunidad internacional y los defensores de los derechos humanos.
