La Contraloría General de Panamá presentó este miércoles dos demandas ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ)para declarar la inconstitucionalidad y nulidad del contrato de concesión entre el Estado y la empresa Panama Ports Company (PPC), subsidiaria del conglomerado chino CK Hutchison, que administra los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en ambos extremos del Canal de Panamá.
El contralor Anel Flores explicó que una de las acciones legales busca declarar inconstitucional el contrato de concesión original, mientras que la otra se enfoca en anular la prórroga otorgada durante el final del gobierno de Laurentino Cortizo, debido a que dicha adenda no contó con el refrendo de la Contraloría, como lo exige la Ley de Puertos y la normativa vigente.
“Esa adenda requería un refrendo final que nunca se otorgó. Por eso estamos solicitando su nulidad e inconstitucionalidad”, afirmó Flores en conferencia de prensa.
Flores señaló que el contrato fue perjudicial para los intereses nacionales, al permitir que más de $1,300 millones no ingresaran a las arcas del Estado.
“No solo fue un contrato leonino y abusivo, también incumplió requisitos legales básicos. Fue aprobado por malos panameños que le dieron la espalda al país”, aseguró.
El contralor también denunció incumplimientos en los compromisos de inversión establecidos por la empresa portuaria, e instó al procurador de la nación a actuar con firmeza ante este caso.
Panama Ports y transacciones cuestionadas
Panama Ports, controlada por CK Hutchison, se encuentra actualmente en un proceso de venta internacional. Sin embargo, el contralor expresó su preocupación por las transacciones millonarias entre terceros que excluyen a Panamá, siendo el país el verdadero dueño de los bienes concesionados.
“No aceptamos que en otras latitudes se estén negociando los activos de los panameños sin que Panamá esté incluido. Llevamos más de 25 años con una relación que ha perjudicado al país y no estamos complacidos”, sentenció.
China ha frenado la venta de CK Hutchison, exigiendo que solo empresas chinas participen en la operación, lo que ha generado inquietudes sobre la soberanía de los puertos panameños y la falta de transparencia en las negociaciones.
El contralor recordó que esta investigación lleva más de tres meses y medio, con 160 diligencias realizadas, entre ellas entrevistas, solicitudes especiales y comisiones técnicas que respaldan las demandas ante la Corte.
