La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el Caso Nº 14.282 contra el Estado de Nicaragua, por el uso arbitrario de la fuerza letal durante protestas sociales, que resultó en la muerte del ciudadano César Noé Castillo Castillo en abril de 2018.
De acuerdo con la CIDH, Castillo, de 42 años, fue herido de bala en el tórax mientras auxiliaba a otra persona durante una manifestación en Estelí, reprimida por la Policía de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo y sujetos vestidos de civil (paramilitares sandinistas). Pese a la gravedad de la lesión, fue dado de alta médica en dos ocasiones, y posteriormente falleció por insuficiencia respiratoria aguda.
La investigación penal fue archivada tras considerarse que el autor del disparo era “desconocido” y cerrada definitivamente tras la aprobación de la Ley de Amnistía en 2019. Además, familiares de la víctima denunciaron amenazas y hostigamientos que los obligaron a abandonar el país.
En su Informe de Admisibilidad y Fondo Nº 49/25, la CIDH determinó que el Estado nicaragüense no desvirtuó la participación de agentes estatales en los disparos y no justificó el uso de fuerza letal contra una persona civil, desarmada y no violenta. La Comisión concluyó que el actuar de las autoridades fue arbitrario, y que existían medios menos letales para dispersar la protesta.
El informe también evidenció graves deficiencias en la atención médica y en la investigación penal, incluyendo la falta de diligencias esenciales y el uso de mecanismos legales que impidieron la búsqueda de justicia. Asimismo, se valoró el impacto emocional en la familia de la víctima, marcada por la impunidad y el desplazamiento forzado de sus parientes.
La CIDH responsabiliza al Estado de Nicaragua por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, salud, reunión pacífica, garantías judiciales y protección judicial, así como de los derechos de la familia, la niñez, y la libertad de circulación y residencia, en perjuicio de César Noé Castillo y sus familiares.
Ante esto, la Comisión solicitó a la Corte IDH imponer medidas de reparación que incluyan compensación económica, garantías de no repetición y la reapertura de una investigación penal ordinaria que identifique a los responsables sin recurrir a figuras como amnistía o prescripción.
Entre las medidas solicitadas están: el retorno seguro de los familiares exiliados, atención médica integral, revisión de normas sobre uso de la fuerza, rendición de cuentas y fortalecimiento de las capacidades investigativas del Estado.