El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este viernes las deportaciones de más de 200 migrantes venezolanos a El Salvador, acusados de formar parte de la banda criminal Tren de Aragua.
Trump aseguró que los deportados fueron sometidos a un proceso “muy riguroso” de revisión para verificar su vinculación con la organización criminal y que este proceso continuará en El Salvador, y destacó la importancia de evitar errores y afirmó que los migrantes deportados constituyen “un grupo realmente peligroso”.
Esta declaración de Trump surge en respuesta a las críticas de los abogados y familiares de algunos de los deportados, quienes aseguran que no todos los migrantes tienen antecedentes penales o están vinculados a pandillas.
Uno de los casos más destacados es el de Jerce Reyes Barrios, un futbolista profesional y entrenador de fútbol infantil, quien fue detenido por un tatuaje malinterpretado como un símbolo de pandillas, pero que en realidad es un homenaje al escudo del Real Madrid.
El gobierno de Estados Unidos no ha revelado las identidades de los deportados ni pruebas concretas de su supuesta vinculación con el Tren de Aragua.
Los migrantes fueron trasladados a la prisión de máxima seguridad en El Salvador, conocida como la “supercárcel”, bajo el gobierno de Nayib Bukele, que recibió alrededor de $6 millones de Estados Unidos para su reclusión durante un año.
Controversia legal y requerimiento de aclaración sobre el “secreto de estado”
A pesar de la defensa de Trump, un juez federal en Estados Unidos paralizó temporalmente las expulsiones de los migrantes a la “supercárcel” y criticó la respuesta de la Casa Blanca, calificándola de “insuficiente”.
El juez James Boasberg está investigando si la administración Trump desafió la orden judicial al autorizar los vuelos de deportación mientras aún se discutía la suspensión.
En su fallo, el juez exigió que la administración aclare si declarará la información sobre el proceso de deportación como “secreto de estado”, lo que impediría la comparecencia judicial sobre el asunto. Boasberg solicitó a la Casa Blanca una declaración jurada de alguien involucrado directamente en la decisión de invocar el privilegio de secreto de estado.
Mientras tanto, los abogados de los deportados continúan denunciando que no todos los migrantes son miembros de pandillas. En el caso de Jerce Reyes Barrios, su defensa presentó pruebas que demuestran su inocencia, lo que llevó a su traslado fuera de la “supercárcel” y a la programación de una audiencia para el 17 de abril.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha reiterado su intención de continuar con las expulsiones tan pronto como se levante la suspensión judicial.
