La provincia de Bocas del Toro sigue sumida en una de las crisis de orden público más graves en los últimos años. En menos de 48 horas, instituciones públicas, comercios y servicios esenciales han sido blanco de actos vandálicos, saqueos e incendios, mientras el gobierno mantiene un estado de urgencia y refuerza su control con más de 2,000 agentes de seguridad desplegados.
El Ministerio de Trabajo reportó que su sede regional fue atacada por un grupo de personas que destruyó la cerca perimetral, forzó la puerta de entrada y lanzó piedras contra ventanas y persianas. También se reportó la destrucción de un vehículo oficial y el robo de luminarias. La entidad presentó la denuncia correspondiente y continúa evaluando los daños.
Simultáneamente, la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) anunció la cancelación del sorteo del domingo 22 de junio en esa provincia, luego de que sus instalaciones en Changuinola fueran violentadas. Los atacantes rompieron puertas y ventanas y hurtaron un vehículo oficial. La institución explicó que, por razones de seguridad, no fue posible distribuir ni comercializar el producto del sorteo.
Ataques a infraestructuras y servicios esenciales
Durante el fin de semana se registraron múltiples ataques en Changuinola. Encapuchados forzaron la entrada del almacén de la Caja de Seguro Social (CSS) en Finca 11, saquearon comercios, y causaron destrozos en una estación de gasolina, ópticas y supermercados. La empresa bananera Chiquita Panamá también fue atacada, semanas después de cerrar sus operaciones tras un paro laboral.
Esto no es una película de zombies, no. Esto es Bocas del Toro ( Changuinola) pic.twitter.com/tNf4tKlSxR
— John Smith (@johnSmith90x) June 22, 2025
Al menos 31 vehículos fueron incendiados y 10 robados; además, 12 agentes de la Policía Nacional, Senafront y Senan resultaron heridos durante enfrentamientos con manifestantes, donde se emplearon gases lacrimógenos para dispersar disturbios.
En la madrugada del 22 de junio, la Policía Nacional reportó avances en la recuperación del orden, con toques de queda reforzados desde las 22:00 horas y la declaración del aeropuerto como zona restringida bajo control de fuerzas especiales.
Respuesta del gobierno y restricciones
El Consejo de Gabinete decretó el 20 de junio un estado de urgencia por cinco días, suspendiendo varias garantías constitucionales, incluida la libertad de expresión y tránsito. La ASEP también ordenó el corte de internet y telefonía móvil residencial en Bocas del Toro, lo que generó denuncias por violaciones a los derechos humanos y a la libertad de prensa.
La operación policial “Omega” desplegó 1,900 agentes con el objetivo de recuperar el control de la provincia. Hasta el momento, se han detenido 140 personas —entre ellas, 13 menores— y se reporta la muerte de un manifestante de 24 años, ocurrida el 17 de junio.
El gobierno ha señalado a 3 pandillas como responsables de buena parte de los actos vandálicos. Según el ministro Frank Ábrego, 84 de los 145 detenidos son presuntos miembros de estas organizaciones criminales. También se investiga la posible participación de autoridades locales electas.
El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, afirmó que aunque la situación “en general está bastante controlada”, aún hay grupos delictivos intentando generar caos:
“Son personas del mal vivir… quien quita que haya alguno infiltrado. Realmente son bandas delincuenciales actuando de forma deliberada.”
Reacciones y críticas
La comunidad internacional ha tomado nota. La Embajada de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad prohibiendo a su personal viajar a la provincia. En el plano nacional, sectores políticos como el Partido Panameñista y la agrupación VAMOS criticaron la legalidad de suspender las telecomunicaciones, calificándola de inconstitucional y contraria al derecho internacional.
El sindicato Sitraibana, cuyos reclamos laborales están en el trasfondo del conflicto, se desvinculó de los actos violentos. Su dirigente, Francisco Smith, fue detenido y enfrenta cargos por diversos delitos.
Las fuerzas de seguridad aseguran haber retomado parcialmente el control, pero la tensión sigue latente. Persisten los bloqueos intermitentes y las protestas en rechazo a reformas a la seguridad social, mientras la población afronta restricciones a la comunicación y limitaciones de derechos fundamentales.
La provincia continúa bajo vigilancia intensa, sin una solución clara a la vista y con una ciudadanía atrapada entre la violencia, la represión y el silencio informativo.
