Una sala de apelaciones judiciales decidió modificar una resolución que favorecía a 4 magistrados electorales guatemaltecos que son procesados por presuntas irregularidades en la adquisición de un sistema de cómputo y les prohibió acercarse al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y tener participación en las las actividades laborales y, además, les incrementó la fianza que deben pagar para continuar en libertad mientra el proceso avanza.
La Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal aceptó una apelación del Ministerio Público y su respuesta fue endurecer las prohibiciones para los miembros del ente colegiado.
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Tras el recurso de apelación planteado por la Fiscalía de Delitos Administrativos en contra de la resolución de fecha 14 de marzo de 2024, dictada por el Juzgado Duodécimo Pluripersonal de primera Instancia Penal, pic.twitter.com/FAqQa6L64X— MP de Guatemala (@MPguatemala) April 5, 2024
Los magistrados señalados son Irma Palencia, Gabriel Aguilera, Rafael Rojas y Mynor Franco, quienes son acusados de avalar la adquisición presuntamente irregular del sistema informático de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) utilizado en las elecciones generales de junio de 2023.
La caución económica fue elevada de $12,844 a $89,912.
El Ministerio Público acusa a los magistrados de abuso de autoridad, fraude e incumplimiento de deberes, tras una investigación desarrollada por denuncias de dos abogados y activistas.
El caso es considerado por muchos como una de las piezas del rompecabezas de persecución judicial promovido por la fiscalía en contra de agentes electorales y que incluyó al mismo presidente Bernardo Arévalo.
