La sede del histórico club Casa España, ubicado en la capital nicaragüense, fue asaltada la noche del sábado 29 de marzo por efectivos policiales de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según denunciaron fuentes diplomáticas vinculadas a la comunidad española en Nicaragua.
El operativo, ejecutado sin previo aviso judicial y en condiciones oscuras, concluye un proceso iniciado desde 2022, cuando el antiguo Ministerio de Gobernación (Migob), hoy Ministerio del Interior, ordenó el cierre “temporal” del centro social fundado en 1964 por ciudadanos españoles, bajo el pretexto de irregularidades administrativas.
Hasta el momento, se desconoce si hay personas detenidas o desaparecidas como resultado del allanamiento, aunque diplomáticos y allegados a la asociación temen que esta acción represente la confiscación definitiva del inmueble por parte del Estado nicaragüense.
Un patrón sistemático de confiscaciones
El caso de Casa España se enmarca en una política sostenida de confiscaciones ilegales y represivas ejecutadas por el régimen Ortega-Murillo desde el estallido de la crisis sociopolítica en abril de 2018.
En los últimos años, la dictadura ha cancelado más de 5,500 personerías jurídicas, entre ellas universidades, medios de comunicación, organizaciones humanitarias, asociaciones empresariales y entidades culturales.
Muchas de estas instituciones han denunciado el robo de sus bienes, equipos y sedes.
Este patrón incluye el uso sistemático de instituciones estatales —como el MINT, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Nacional— para ejecutar intervenciones, clausuras y tomas físicas de propiedades, muchas veces bajo justificaciones arbitrarias o reformas legales hechas a la medida del poder ejecutivo.
En el caso específico de Casa España, el Ministerio alegó en 2022 “contradicciones y falta de entendimiento” entre los socios como pretexto para suspender su funcionamiento y ordenar una nueva asamblea con criterios excluyentes. Ese mismo año, inspectores de la Procuraduría solicitaron documentación de la propiedad, y el gerente general del club fue impedido de ingresar a las oficinas del Ministerio, marcando una cadena de hechos que anticipaban lo ocurrido este fin de semana.
Daño a relaciones diplomáticas
El asalto a la sede de Casa España podría reavivar tensiones entre los gobiernos de Nicaragua y España. En agosto de 2021, el gobierno español retiró a su embajadora en Managua tras lo que calificó como “acusaciones infundadas” por parte del régimen, que denunció una supuesta injerencia de Madrid en asuntos internos, especialmente en temas de derechos humanos.
Fundada en 1964 y con personería jurídica desde 1969, Casa España funcionó como un club social, deportivo y cultural para la comunidad hispana y nicaragüense. Su sede en Managua era también un símbolo del vínculo histórico entre ambos países.
“El cierre y posterior confiscación de Casa España no tiene justificación legal, y representa un atropello contra una asociación que ha promovido la amistad entre pueblos”, declaró a este medio un exrepresentante legal de la entidad, que pidió el anonimato por razones de seguridad.
“Confiscación de facto” como herramienta de control
Desde su retorno al poder en 2007, Ortega ha instaurado una arquitectura legal para despojar de sus bienes a organizaciones independientes. Con reformas a la Ley 147 (Personas Jurídicas sin Fines de Lucro), la Ley 977 (contra el Lavado de Activos) y otras normas, el régimen ha impuesto requisitos imposibles de cumplir para las ONG, al tiempo que se reserva el derecho de cancelar personerías y apropiarse de inmuebles sin compensación ni procesos judiciales transparentes.
En múltiples ocasiones, el régimen ha traspasado las propiedades confiscadas a instituciones públicas controladas por el Frente Sandinista, como el Ministerio de Salud, el Tecnológico Nacional, la Procuraduría General de la República y la Universidad Nacional Casimiro Sotelo, una institución creada ex profeso para administrar los bienes usurpados a universidades privadas.
El caso de Casa España, aunque afecta directamente a una comunidad extranjera, confirma que ni siquiera las instituciones diplomáticas o binacionales están exentas de la política confiscatoria del régimen.
Un llamado a la comunidad internacional
Organismos de derechos humanos y plataformas de exiliados han reiterado que estas acciones constituyen violaciones graves al derecho a la propiedad y la libertad de asociación. La confiscación de bienes por motivos políticos estaba expresamente prohibida por la Constitución nicaragüense, que en su artículo 44 establecía que “no se permitirá la confiscación de bienes, salvo en casos ordenados por sentencia judicial firme”.
