Unos 30 autobuses han sido habilitados para dar inicio con el traslado de casi 1,600 migrantes que serán llevados de manera directa en medio de una crisis que tiene en alerta a las autoridades de ambas naciones centroamericanas, de ahí que la medida busca bajar la tensión en la frontera compartida tras el registro de incidentes entre los viajeros y residentes del área.
En este sentido, María Isabel Saravia, subdirectora del Servicio Nacional de Migración de Panamá, aseguró que los primeros nueve autobuses cruzaron la frontera desde tempranas horas con 593 migrantes en Paso Canoas para dirigirse al Centro de Atención Temporal de Migrantes, organizado y establecido por las autoridades costarricenses a 17 kilómetros de la línea limítrofe dentro de su territorio.
“Hoy van avanzando un total de 30 autobuses con 1,593 personas”, aseguró Saravia, quien después afirmó que el flujo de movilidad de las unidades de transporte variará de acuerdo a la cantidad de migrantes que haya en las estaciones instaladas en la provincia panameña del Darién.
El país canalero ha hecho un control desde hace años de flujo, el cual consiste en acoger a los migrantes irregulares en unas estaciones instaladas tanto en la frontera sur (Darién) como en la norte, en Los Planes de Gualaca, cerca de Costa Rica.
En dichas zonas el gobierno de Panamá toma los datos biométricos de los migrantes, además les brinda servicios de salud y alimentación. Y también los transportan para que sigan su destino en autobuses que cada migrante paga 60 dólares hasta la frontera de Paso Canoas.
Sin embargo, desde este lunes ya con la extensión del corredor humanitario “de estado a estado”, dijo Saravia, los migrantes ya no llegan a Los Planes de Gualaca, sino que siguen la ruta directa desde Darién, “en una labor conjunta, coordinada y vigilada entre Estados”, quienes pasan al Centro de Atención Temporal de Migrantes tico, según la agencia de noticias Efe.
Panamá ya registra que más de 420 mil migrantes han pasado el Darién, mayoritariamente venezolanos. Además, en la cifra de acuerdo con Saravia, el 21 % son menores y adolescentes, y que el 50 % oscilan en edades de 5 años, un dato alarmante que preocupa a UNICEF y a las instancias de Derechos Humanos.
