En vísperas de lo que se espera sea una declaratoria de inconstitucionalidad a la ley que sustenta el polémico contrato minero, Panamá afrontaría una multimillonaria demanda internacional por incumplimiento. Algunos hablan de hasta $30,000 millones.
La Corte Suprema tiene la complicada tarea de decidir si el incendiario trato del Estado con Minera Panamá es apegado a derecho o no. La lógica, al calor de lo visto durante 14 días de reclamos populares en las calles, señala que la declaratoria será que violenta la Constitución. Y después de eso vendría la solicitud de arbitraje de First Quantum Minerals, la matriz de la compañía de minería con la que el presidente Laurentino Cortizo hizo el trato.
Como en todo litigio tenga uno la razón, depende de la voluntad del estado de saber defender los intereses nacionales. Hasta la fecha, no he visto esa voluntad, porque cada vez que escucho a un vocero del Gobierno, me parece más bien que estoy escuchando a un vocero de la minera. pic.twitter.com/D4dLxfdxK1
— TVN Noticias (@tvnnoticias) November 5, 2023
El especialista en derecho internacional, Fernando Gómez Armláez, dijo en un foro en TVN este domingo que la minera pedirá el arbitraje una vez que la decisión del tribunal de justicia (en el caso de ser contrario a los intereses de la transnacional) sea ejecutoriado.
Más allá de las consecuencias jurídicas, las repercusiones económicas y los lineamientos ambientales resultantes de las decisiones políticas adoptadas esta semana, el paradigma, hasta ahora incontestable, de acuerdo con el cual los panameños solo expresaban su descontento. pic.twitter.com/ZZz63CNT5r
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Aunque la solicitud de este en una instancia internacional no le garantiza que lo acepten y si lo aceptan, no implica que Panamá lo va a perder.
“El sentido común me dice que ese contrato va a ser declarado inconstitucional. Entonces nos vamos a enfrentar con una situación de confrontación con la minera… habrá una demanda cuantiosa”, dijo Fernando Aramburú Porras, exministro de Economía y Finanzas de Panamá.
Según sus cálculos, la indemnización que exigiría la compañía canadiense sería de entre $8,000 y $10,000 millones, una cifra escandalosa.
Creemos en este proyecto y su potencial y agradecemos la oportunidad de tener un diálogo constructivo con el pueblo de Panamá sobre su futuro. Seguimos enfocados en la seguridad y el bienestar de nuestros más de 8,000 empleados que continúan operando la mina.#CobrePanamá… pic.twitter.com/GhKDdWT7gz
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El contrato con Minera Panamá le garantiza al Estado un ingreso anual de $375 millones.
La mina de cobre a cielo abierto de la discordia es la más grande en Centroamérica.
Minera Panamá aporta el 4 % del PIB del país y desde febrero de 2019 exporta anualmente unas 300,000 toneladas de concentrado de cobre, lo que representa el 75 % de las exportaciones.