La asociación Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” presentó el lunes 24 de marzo una solicitud para que el proceso judicial por el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero pase finalmente a la etapa de juicio, ante el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador.
Este caso fue reabierto en 2017, y hasta la fecha no ha avanzado significativamente en cuanto a enjuiciar a los responsables del crimen, a pesar de la cantidad de pruebas presentadas.
Alejandro Díaz, abogado de Tutela Legal, indicó que el proceso está suficientemente depurado contra el capitán Álvaro Saravia, uno de los principales señalados, por lo que solicitan que el caso pase a la vista pública.
“Estamos pidiendo que se eleve al plenario porque tenemos suficiente documentación”, dijo Díaz, subrayando que el caso ha estado estancado durante ocho años desde su reapertura, sin avances en la investigación ni diligencias útiles.
Alejandro Díaz, de Tutela Legal, expone la solicitud para que se agilice el proceso, tanto en las diligencias como en la investigación de parte de @FGR_SV pic.twitter.com/va3QD4G74A
— LPGJudicial (@LPGJudicial) March 24, 2025
El asesinato de Monseñor Romero ocurrió el 24 de marzo de 1980, mientras oficiaba una misa en la capilla del hospital Divina Providencia en la capital salvadoreña.
Desde la reapertura del caso en 2017, se han incorporado nuevos documentos y declaraciones que refuerzan la solicitud de Tutela Legal, como informes de la Comisión de la Verdad y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Además, el excapitán Saravia fue condenado en 2004 por una corte federal estadounidense a pagar $10 millones de dólares a la familia de Romero por su implicación en el asesinato.
En la actualidad, existe una orden de captura contra Saravia, pero se desconoce su paradero.
El abogado Díaz también destacó la falta de acción por parte de la Fiscalía General de la República, que ha mostrado un silencio respecto a las investigaciones ordenadas desde 2018 para identificar a otros implicados, tanto intelectuales como materiales. “La Fiscalía no ha hecho nada en estos últimos años”, expresó Díaz.
El caso había sido cerrado en 1984, a pesar de las 238 investigaciones realizadas y 21 declaraciones obtenidas en ese entonces.
En 1987 se emitió una orden de captura contra Saravia, quien, según las autoridades, ya habría salido del país. Sin embargo, la derogación de la Ley de Amnistía permitió que los crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos fueran reabiertos y judicializados.
El caso del asesinato de Monseñor Romero ha sido uno de los más emblemáticos en la historia reciente de El Salvador.
El arzobispo, quien denunciaba las injusticias y se oponía a la represión política durante el conflicto armado entre los movimientos de izquierda y derecha en el país, se convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos humanos y la justicia social.
