El exfuncionario y exoperador político más influyente del último gobierno guatemalteco, Miguel (Miguelito) Martínez, demandó a la directora del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Andrea Gacki, y otros altos funcionarios, incluido Janet Yellen, en un intento legal de revertir las sanciones impuestas en su contra bajo la Ley Global Magnitsky, las cuales fueron dictadas en diciembre de 2023.
El polémico personaje es conocido por ser pareja sentimental del expresidente Alejandro Giammattei.
Martínez, calificado por expertos como un “corrupto” cuya sanción ha sido comparada con una “muerte bancaria”, argumenta que la decisión del Tesoro requiere una revisión judicial.
Miguel Martínez, quien fue director del Centro de Gobierno, un cargo inventado por el expresidente Alejandro Giammattei, dejó su cargo después de unos meses, sin embargo mantuvo sus prerrogativas e influencias, valiéndose de su sonada relación sentimental con el mandatario.
Giammattei, quien dejó el Ejecutivo el 14 de enero de este año, también es considerado corrupto por el gobierno de Estados Unidos.
“Pareja” del presidente guatemalteco sancionado por EEUU por corrupción y recibir sobornos
Ser sancionado bajo la Ley Global Magnitsky implica la imposición de restricciones económicas y financieras a individuos extranjeros involucrados en corrupción o violaciones de derechos humanos.
Esta legislación permite al gobierno de Estados Unidos bloquear activos de los sancionados en su territorio, prohibirles el acceso al sistema financiero estadounidense y negarles visas para ingresar al país. Como resultado, las personas afectadas enfrentan serias dificultades para realizar transacciones bancarias, acceder a inversiones y operar en el ámbito internacional.
Además, las sanciones bajo esta ley tienen un impacto significativo en la reputación de los individuos y sus asociados.
Ser incluido en la lista de sancionados puede llevar a que otras naciones y entidades financieras eviten hacer negocios con la persona afectada, amplificando el aislamiento económico y social. Esto no solo afecta a los sancionados, sino también a sus familias y a cualquier organización o empresa vinculada a ellos, generando un efecto disuasorio sobre la corrupción y las violaciones a los derechos humanos a nivel global.
