Migrantes centroamericanos, incluidos ciudadanos nicaragüenses, han quedado expuestos a medidas cada vez más radicales desde que el presidente Donald Trump asumió su segundo mandato el pasado 20 de enero y comenzó a emitir decenas de órdenes ejecutivas dirigidas contra la migración legal e irregular.
Uno de los casos más controvertidos ocurrió el 15 de marzo, cuando vuelos autorizados por el Gobierno estadounidense transportaron a migrantes hacia El Salvador bajo la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación del siglo XVIII ahora en el centro de un litigio judicial.
Según nuevos documentos presentados ante el juez federal James Boasberg, algunos migrantes que iban a bordo de esos vuelos fueron devueltos a Estados Unidos luego de que las autoridades salvadoreñas se negaran a recibirlos.
Una mujer venezolana declaró que ella y otras siete mujeres fueron regresadas a Estados Unisos tras aterrizar en El Salvador, donde, según les dijeron, “el presidente de El Salvador no aceptaría mujeres”.
Un segundo migrante, un nicaragüense, también fue retornado y afirmó que escuchó a un funcionario salvadoreño decir que no detendrían a personas de otros países centroamericanos “debido al conflicto que causaría”.
El juez Boasberg había ordenado ese mismo 15 de marzo que se suspendieran las deportaciones bajo la referida ley.
Sin embargo, dos vuelos ya estaban en curso. Las autoridades estadounidenses alegan que regresar los aviones habría implicado “graves problemas de seguridad nacional, regulatorios y logísticos”.
Los testimonios de los migrantes, sin embargo, contradicen esa versión.
Según la declaración de la mujer venezolana, apenas minutos después del despegue desde Laredo, Texas, dos funcionarios discutieron sobre la orden judicial y uno de ellos dijo: “hay una orden que dice que no podemos despegar, pero ya lo hemos hecho”.
Los abogados de los migrantes afirman que estas declaraciones “refutan” los argumentos del Gobierno sobre la imposibilidad logística de cumplir la orden judicial.
Además, han cuestionado la legalidad del proceso, señalando la “confusión sobre cuándo se emitió la Proclamación, y si el presidente la firmó en absoluto”. El propio Trump dijo recientemente que no sabía “cuándo se firmó, porque no la firmé. Otras personas se encargaron de ello”.
Desde que regresó al poder, Trump ha reactivado y endurecido políticas migratorias que afectan a miles de personas que buscan asilo en EE.UU., entre ellas a ciudadanos nicaragüenses que huyen de la crisis política y económica en su país.
La aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros ha abierto una nueva vía para deportaciones sin el debido proceso, lo que ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y defensores legales.
El litigio continúa en los tribunales. Boasberg sigue revisando la legalidad de las acciones del Gobierno, mientras que un tribunal de apelaciones estudia una solicitud del Departamento de Justicia para levantar la orden que suspende las deportaciones bajo dicha ley.
