El magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), Rony López, denunció nuevas amenazas en su contra y solicitó al Ministerio de Gobernación reforzar su seguridad personal y la de su familia.
López explicó que la intimidación provino de la cuenta @2PBSuccess1, en la red social X, bajo el nombre de Pablo Barrios. Aunque el perfil ya no se encuentra activo, el magistrado aseguró que el mensaje representaba una advertencia directa, similar a las recibidas en enero de 2024. En esa ocasión, afirmó que el crimen organizado habría ordenado su asesinato por considerarlo un juez “que no se alinea”.
Solicita intervención del Ministerio de Gobernación
El magistrado confirmó que envió una carta al ministro de Gobernación, solicitando mayor protección y vigilancia. Según indicó, las nuevas amenazas demuestran que su seguridad continúa en riesgo y que las medidas actuales son insuficientes.
“Es necesario reforzar el resguardo ante las circunstancias actuales”, manifestó López en declaraciones a medios locales. Hasta el momento, el Ministerio de Gobernación no ha emitido una posición oficial sobre la denuncia presentada.
Críticas al Ministerio Público por falta de avances
Rony López también cuestionó la falta de resultados del Ministerio Público (MP) en la investigación de las amenazas previas. Señaló que, pese a que el caso fue denunciado hace más de un año y medio, no existen avances concretos ni responsables identificados.
El togado expresó su preocupación por lo que calificó como “inoperancia” de la institución, al no dar seguimiento a hechos que comprometen la seguridad de funcionarios judiciales. Hasta ahora, el Ministerio Público no ha respondido públicamente a las declaraciones del magistrado.
Antecedentes de las amenazas
En su primera denuncia, presentada en 2024, López reveló que fue advertido sobre un plan para asesinarlo, presuntamente organizado por grupos vinculados al narcotráfico. Según su testimonio, personas allegadas a las investigaciones le informaron que en una reunión criminal se habría decidido “eliminarlo físicamente”.
El magistrado indicó entonces que solicitó protección oficial para prevenir un atentado y resguardar su integridad. Sin embargo, considera que las acciones implementadas no han sido suficientes para garantizar su seguridad.
