La exministra de Justicia de Costa Rica, Cecilia Sánchez, denunció este jueves que su hijo, el exmagistrado y exfiscal general Celso Gamboa, recibe un trato “denigrante” en el módulo de máxima seguridad del centro penitenciario La Reforma, donde se encuentra recluido bajo prisión preventiva.
Sánchez afirmó que el trato hacia su hijo “raya en la tortura” y cuestionó al Ministerio de Justicia por hacer pública una autolesión que él mismo se provocó en la celda.
Según la exjerarca, la divulgación de esa información busca “quebrantarlo a él y a su familia” y constituye una exposición deliberada que violenta su dignidad como persona privada de libertad.
El hecho ocurrió el martes por la noche, según confirmó la administración penitenciaria, que reportó que Gamboa presentó un “leve enrojecimiento en la muñeca izquierda”, sin sangrado ni inflamación.
El reo declaró haberlo hecho para llamar la atención sobre problemas de iluminación en su celda.
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Familia Gamboa reclama
La situación derivó en la suspensión del juicio que enfrenta Gamboa por presunto tráfico de influencias, justo cuando iba a declarar la testigo clave del caso.
Según la acusación de la Fiscalía, el exmagistrado habría presionado a una funcionaria judicial en 2016 para excluir de una causa penal al entonces alcalde de San José, Johnny Araya, quien buscaba la reelección.
La abogada y hermana del exmagistrado, Natalia Gamboa, también cuestionó la actuación del Ministerio de Justicia, señalando que se estarían violando derechos de protección de datos personales y anticipando posibles responsabilidades legales y constitucionales.
Actualmente, la Sala Constitucional estudia cuatro recursos presentados por Gamboa, quien solicita condiciones distintas de reclusión, incluyendo el cumplimiento de la detención provisional fuera del centro penitenciario.
La administración penitenciaria aseguró en un comunicado que respeta todos los derechos del exmagistrado y que atendió su petición sobre la iluminación.
A Celso Gamboa también lo requirió en extradición la justicia panameña. Su defensa sostiene que todo el proceso en su contra tiene motivaciones políticas.
