La Fiscalía de Chimaltenango y la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala siguen la pista de los sicarios que emboscaron a Ramírez y a su acompañante, Ana Delfina Andrés Grande, mientras circulaban por el municipio de Parramos. Según las primeras pesquisas, cinco hombres vestidos como obreros de construcción serían los responsables del ataque.
Fuentes cercanas al caso indicaron que los atacantes pertenecerían a la Mara Salvatrucha, una de las estructuras criminales más violentas del Triángulo Norte. Los investigadores sospechan que los sicarios fueron contratados por individuos con operaciones en Chimaltenango, quienes habrían ordenado el crimen.
Ramírez, empresario de la constructora D&D Ramírez Hernández, había denunciado amenazas previas de grupos del crimen organizado. “Posiblemente se trate de una disputa entre estructuras rivales”, señala un informe del Ministerio Público, que mantiene el caso bajo reserva.
El asesinato ocurre en un contexto de creciente violencia en el sector de la construcción. Desde julio, tres proyectos viales en Chimaltenango permanecen detenidos por amenazas y extorsiones de pandillas a trabajadores. Las obras, valoradas en más de 71 millones de quetzales (más de 9 millones de dólares), estaban a cargo de la empresa Multiservicios El Gran Jaguar.
Las autoridades reconocen que Chimaltenango se ha convertido en un punto estratégico para la MS-13. El director de la PNC, David Custodio Boteo, confirmó que familiares y allegados de pandilleros encarcelados se establecieron en El Tejar desde 2008, fortaleciendo su presencia en la zona.
Aunque algunos proyectos se reanudaron en octubre con apoyo policial, otros siguen paralizados por temor a nuevos ataques. El crimen contra José Elías Ramírez se suma a una serie de hechos que exponen el poder de las pandillas en Guatemala y su creciente influencia en sectores económicos clave.