En una votación de 7 magistrados a favor y 2 en contra, el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá desestimó la demanda de inconstitucionalidad presentada por Nadia Castillo, abogada del expresidente Ricardo Martinelli, quien había apelado a la protección del principio de especialidad establecido en el Tratado de Extradición entre Panamá y Estados Unidos.
La decisión representa un golpe judicial para el expresidente panameño, quien fue condenado en julio de 2023 a 10 años y 8 meses de cárcel por el delito de lavado de dinero, en el marco del escándalo de corrupción conocido como caso New Business.
Las investigaciones del Ministerio Público de Panamá revelaron que entre el 15 y el 27 de diciembre de 2010 se movilizaron más de 43 millones de dólares hacia la cuenta bancaria de New Business Services Limited, una sociedad offshore utilizada para comprar acciones del Grupo Editorial Panamá América.
La Fiscalía probó que los fondos provinieron de empresas contratistas del Estado, y fueron canalizados mediante un complejo esquema de blanqueo a través de personas jurídicas y naturales.
Martinelli fue declarado culpable por blanqueo de capitales y se le impuso también una multa de $19 millones.
Asilado en Colombia
En febrero de 2025, Martinelli solicitó asilo político en la embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá, intentando evitar su encarcelamiento. Posteriormente abandonó la sede diplomática y se refugió en Colombia, donde permanece hasta la fecha.
A pesar de los intentos de evadir la justicia, la Corte Suprema ya había determinado anteriormente que Martinelli no gozaba del principio de especialidad, y esa postura fue respaldada por el Departamento de Estado de EE.UU..
Desde que dejó el poder en 2014, Ricardo Martinelli ha sido objeto de múltiples investigaciones por corrupción, entre ellas caso Odebrecht, pinchazos telefónicos y otros procesos penales. Su figura ha generado una fuerte polarización política en Panamá, donde aún mantiene seguidores y aspiraciones políticas.
Con esta decisión de la CSJ, la condena por el caso New Business queda firme, marcando un precedente en la lucha contra la corrupción en Panamá.
