Tres de los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional respaldaron la admisión del recurso, presentado por Colegio de Abogados de Honduras (CAH) alegando violaciones a derechos básicos como la locomoción, la libre asociación y el domicilio.
Pero 2 magistrados se abstuvieron de votar a favor de suspender de inmediato la medida, una decisión que obligó a elevar el caso al pleno de la CSJ.
La ley hondureña prevé que, cuando no haya unanimidad en la Sala Constitucional, sólo el pleno de la Corte puede emitir una decisión definitiva.
El amparo cuestiona el decreto ejecutivo PCM-37-2025, que amplía el estado de excepción parcial. Para sus promotores, la extensión de la medida durante un periodo electoral, las elecciones generales están previstas para el próximo 30 de noviembre, representa un riesgo para garantías democráticas como la libre expresión y el derecho al voto.
Por su parte, defensores del estado de excepción lo justifican como una medida clave en la lucha contra pandillas y el crimen organizado, recordando que esta “guerra contra las pandillas” comenzó en diciembre de 2022.
El fallo de la CSJ podría cambiar el clima político y de seguridad en Honduras justo antes de los comicios: si suspende la medida, sería un triunfo judicial a favor de los derechos civiles; si mantiene el decreto, se ratifica una estrategia de fuerte control estatal.