El hijo del reconocido periodista guatemalteco José Rubén Zamora, quien está a la espera de la repetición de su juicio, denunció que su padre lleva prisionero más de 600 días y que a pesar de las peticiones legales para que revisen su arresto preventivo, la Cámara Penal aún no ha respondido a estas.
José Zamora dijo que la falta de atención de las autoridades judiciales al caso de su papá son “un incumplimiento al deber de impartir justicia”.
“La ley guatemalteca establece que la libertad es la regla y la prisión preventiva la excepción y que la prisión preventiva sólo puede ordenarse cuando sea estrictamente necesarias”, dijo en un comunicado que compartió este martes en redes sociales.
#DENUNCIA: Como familia del periodista Jose Rubén Zamora, hacemos la siguiente denuncia pública. #ZamoraLibre c. @OJGuatemala pic.twitter.com/ZXtsVm1mFo
— 𝙟𝙤𝙨𝙚 𝙯𝙖𝙢𝙤𝙧𝙖 (@jczamora) March 19, 2024
“En el caso de Zamora, esta normativa fue ignorada, con una detención prolongada que excede los plazos legales permitidos, especialmente alarmante dado que las acusaciones carecen de fundamento”, añadió.
“Denunciamos también la dilación de mala fe por parte del Ministerio Público y su anuencia por el juez del Juzgado
Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal en otros dos casos, evidenciando un sistema judicial que parece operar bajo influencias en violación a los derechos fundamentales del periodista”, agregó.
José Rubén Zamora, de 67 y director del desaparecido El Periódico, fue detenido días después que publicara reportajes que evidenciaban casos de corrupción en el gobierno del entonces presidente Alejandro Giammattei (2000-2004).
Fue condenado por un presunto lavado de dinero, pero una instancia judicial superior ordenó repetir el juicio.
Zamora es considerado por muchos sectores de la sociedad guatemalteca, incluido el presidente Bernardo Arévalo, un perseguido por un círculo de corrupción que coopta diferentes niveles del aparato estatal, entre ellos el Ministerio Público y la Presidencia de la República.
El caso del periodista es seguido de cerca por diferentes organismos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por considerarlo arbitrario.
