Guatemala cerró el 2024 con más de 420 víctimas de trata identificadas, según el Informe Anual de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). Las autoridades advirtieron que el delito sigue creciendo y que persisten debilidades en las instituciones encargadas de prevenirlo y registrarlo.
La Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET) detalló que entre las víctimas había 306 mujeres, 103 hombres y 11 personas con otros registros. La mayoría tenía entre 13 y 17 años, lo que confirma que la niñez y la adolescencia siguen siendo las más vulnerables frente a las redes criminales.
El informe subraya un aumento de modalidades como la explotación laboral, la pornografía infantil y la adopción irregular. Entre los menores rescatados, más del 50% era víctima de explotación laboral, seguida de la pornografía y la mendicidad.
La PDH señaló fallas significativas en la detección dentro del sistema educativo. El Ministerio de Educación no reportó ningún caso durante el último año, pese a que la mayor parte de víctimas a nivel nacional son niños y adolescentes. La institución considera esto una “limitación importante” en los mecanismos de alerta temprana.
El Ministerio Público también enfrentó cuestionamientos: una gran parte de los expedientes quedó clasificada como “sin selección”, es decir, sin definir la modalidad de trata. Esta falta de precisión impide entender cómo operan las redes y limita el avance judicial.
La Procuraduría advirtió además que varias instituciones estatales, entre ellas Sosep, Salud, Gobernación y el Instituto para la Atención a la Víctima, carecen de mecanismos sólidos para enfrentar el delito. También alertó que la SVET no evalúa la aplicación de sus protocolos, lo que debilita la prevención y la atención.
A nivel internacional, el Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó que Guatemala aún no cumple con los estándares mínimos para eliminar la trata, aunque reconoce avances legales recientes. El informe atribuye la persistencia del delito a factores como la pobreza, que afecta al 56% de la población y estructuras sociales que aumentan la vulnerabilidad de mujeres, niñas y migrantes.
