Guatemala enfrenta una grave crisis de hacinamiento carcelario, con 23 centros penitenciarios diseñados para 6,700 reos, pero que actualmente albergan cerca de 23,700 privados de libertad, lo que representa una sobrepoblación del 340 %, según lo reveló el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda.
Desde su llegada al cargo, Villeda ordenó un censo penitenciario para determinar la situación real dentro de los penales. Hasta la fecha se han inspeccionado seis centros, que concentran al menos el 37 % de la población reclusa.
“Incluso encontramos un caso curioso: en el Sector 11 del Centro Preventivo había una persona más de las registradas oficialmente. Ya fue identificada y regularizada”, detalló Villeda en una entrevista con el estatal Diario de Centroamérica.
El ministro aseguró que no se puede reducir la violencia en las calles sin antes recuperar el control de las cárceles, desde donde se gestan extorsiones y homicidios.
“Muchos líderes criminales siguen operando desde el interior del sistema penitenciario”, advirtió.
Como parte de una nueva estrategia de seguridad integral, el gobierno guatemalteco construirá dos nuevas cárceles, una de ellas de máxima seguridad, con apoyo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Además, se invertirán recursos en tecnología penitenciaria, incluyendo escáneres corporales, que ya han permitido incautar objetos ilícitos y consignar responsables ante los tribunales.
Permisividad en penales
En los últimos meses, las autoridades detectaron permisividad interna en los penales y el ingreso irregular de routers. En Pavón, por ejemplo, fue desmantelado un call center criminal que operaba desde adentro, donde se incautaron 31 teléfonos móviles.
Villeda también anunció el fortalecimiento de la unidad de análisis financiero, creada con apoyo del Gobierno de Estados Unidos, que se enfocará en estudiar los flujos económicos del crimen organizado, cómo se financian, adquieren armas, tecnología y corrompen funcionarios. Esta unidad ya ha capacitado a agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) con formación universitaria especializada.
“La seguridad no puede seguir siendo solo una estadística. Estamos cambiando el enfoque. No basta con capturar personas; hay que atacar las finanzas ilícitas, porque ninguna estructura criminal funciona sin dinero”, expresó.
En paralelo, con la Ley Antipandillas aprobada por el Congreso, el Ministerio dispondrá de Q200 millones (alrededor de $25.5 millones) para la adquisición de autopatrullas, armamento y tecnología. Estas compras se realizarán mediante convenios bilaterales con países como Estados Unidos, Canadá, Taiwán, Argentina e Israel.
Recientemente, el gobierno recibió 200 motocicletas donadas por Taiwán que ya fueron entregadas a unidades motorizadas de la Policía Nacional Civil como parte de este plan de modernización.
