El Juzgado de Extinción de Dominio de Guatemala ordenó devolver al expresidente Otto Pérez Molina 6 cuentas bancarias embargadas desde 2015. Los fondos suman $411,995, relacionados a su salario como mandatario y considerados inembargables. Además, el juez autorizó cerca de $125,013 en intereses acumulados, aunque la defensa había solicitado unos $237,137.
La Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) se opuso, ya que la institución se financia en parte con estos intereses. Sin embargo, el juez resolvió que el embargo fue improcedente para fondos de origen salarial. El total devuelto equivale a $522,000.
Un mandatario corrupto
El expresidente renunció en septiembre de 2015 tras el destape del caso “La Línea”, un esquema de defraudación aduanera dirigido desde altos niveles del gobierno. La Fiscalía y la extinta Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIG) lo señalaron como líder de la red, lo que llevó a su encarcelamiento preventivo y apertura de procesos por corrupción, incluyendo “Cooptación del Estado”.
Desde entonces, varias cuentas y bienes quedaron bajo embargo. En 2025, ya había recuperado una finca conocida como “Los Aguacates” y un cheque por $180,000, decisiones que también generaron debate público.
Detalles de la resolución judicial
El tribunal informó que las cuentas devueltas contenían salarios presidenciales y no se vincularon a actividades ilícitas. La defensa argumentó que el congelamiento impidió el pago de obligaciones pendientes, incluida una reparación económica de $522,000 millones en uno de los casos, la cual podría avanzar con la restitución.
Pérez Molina no ofreció declaraciones al salir de la audiencia. La Senabed confirmó su desacuerdo, pero acatará la resolución.
Reacciones y debate público
La decisión reabrió el debate sobre justicia y señales institucionales en casos de corrupción. En redes sociales, medios de comunicación reportaron la resolución, mientras comentarios ciudadanos criticaron el fallo como un retroceso en la lucha anticorrupción.
Aunque la sentencia se formalizó este 3 de noviembre de 2025, el fallo fue autorizado el mes anterior. No hubo anuncios sobre apelaciones al cierre de esta nota.