El gobierno de la presidenta hondureña Xiomara Castro extendió por 45 días el estado de excepción parcial, una medida que entró en vigor desde las 6:00 p.m. del sábado 16 de agosto de 2025 y se mantendrá hasta las 6:00 p.m. del lunes 29 de septiembre, según consta en el diario oficial La Gaceta.
Esta sería la vigésimo tercera vez que el Ejecutivo prolonga esta medida sin la ratificación del Congreso Nacional, un requisito legal que, de acuerdo con expertos, podría invalidar varias de las acciones realizadas durante su ejecución.
El estado de excepción ha sido el principal eje del llamado “Plan Solución Contra el Crimen”, con el cual las autoridades buscan reducir la violencia y desmantelar estructuras delictivas en todo el país.
En lo que va de 2025, 93 municipios han reportado cero homicidios, lo que representa el 31 % del total nacional. Además, 265 municipios han registrado entre 0 y 8 homicidios, sumando un 89 % del territorio nacional con bajas tasas de criminalidad. Según datos oficiales, esto ha permitido una disminución de 13 puntos porcentuales en la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes.
Como parte de esta estrategia de seguridad, el gobierno reporta la captura de 56 personas con fines de extradición y la desarticulación de 51 bandas criminales. Además, se han realizado 58,971 allanamientos, 5,069 detenciones por extorsión y la misma cantidad de capturas vinculadas a maras y pandillas. En total, se registran 74,887 detenciones por diferentes delitos y se han ejecutado 21,407 órdenes de captura.
El despliegue de seguridad también ha permitido la incautación de 18,840 armas de fuego, 15,056 vehículos, 91,003 motocicletas, así como 44,635 libras de marihuana, 12,443 kilos de cocaína y 775 kilos de fentanilo. Además, se reporta la destrucción de 33 narcolaboratorios.
Sin embargo, organizaciones como Cristosal han advertido que la prolongación indefinida del estado de excepción pone en riesgo las garantías ciudadanas y podría afectar el proceso electoral. “El estado de excepción se está volviendo permanente y eso debilita la democracia”, señaló la organización.
Pese a las críticas, las autoridades de Seguridad insisten en que la estrategia ha sido efectiva. “Los resultados alcanzados mediante los decretos de suspensión parcial de garantías han generado impactos positivos y significativos en la reducción de la violencia”, afirmaron, justificando así una nueva extensión del régimen.
