El fallo de la justicia estadounidense ha llevado al Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) de Guatemala a intensificar sus gestiones consulares para garantizar la protección de los niños y adolescentes en riesgo.
El fallo judicial, emitido por el juez Timothy J. Kelly, detuvo la deportación de 327 menores guatemaltecos no acompañados que estaban a punto de ser enviados de regreso a su país. La decisión mantiene a los niños bajo resguardo en albergues y hogares de acogida en distintas ciudades de Estados Unidos, mientras el caso continúa en los tribunales.
Según el Minex, desde que se conoció la resolución, se han realizado visitas consulares a los albergues para verificar las condiciones de los menores y asegurar que se respeten sus derechos. Las autoridades guatemaltecas también coordinan con abogados y representantes legales para dar seguimiento a cada expediente y garantizar el debido proceso.
El Gobierno de Donald Trump había intentado ejecutar las deportaciones durante el fin de semana del Día del Trabajo en Estados Unidos. Incluso, algunos menores fueron trasladados a aeropuertos en Texas para abordar vuelos hacia Guatemala, pero la orden judicial de emergencia frenó la salida de los aviones a último momento.
Organizaciones defensoras de la infancia y de migrantes celebraron el fallo, argumentando que muchos de estos niños huyen de la violencia, el abuso y la pobreza extrema.
Además, un informe presentado al Congreso de EE. UU. reveló que al menos 30 de los menores enfrentan riesgos graves, incluyendo amenazas de pandillas, trata de personas y hasta peligro dentro de sus propios hogares en Guatemala.
El Gobierno estadounidense justificó la medida como parte de un plan de “reunificación familiar”, pero el juez Kelly cuestionó esa versión, señalando que no existen pruebas de que los padres hayan solicitado el regreso de sus hijos.
La suspensión se mantiene indefinidamente, aunque la administración puede apelar en los próximos días.
Mientras tanto, los 26 consulados de Guatemala en Estados Unidos han recibido instrucciones para dar un seguimiento estrecho a los casos en sus jurisdicciones, en un esfuerzo por proteger a los menores y responder a una situación que refleja la compleja realidad migratoria entre Centroamérica y el país del norte.
