El caso de Braulio Venegas Dijeres es ilustrativo del grave caso de corrupción y narcotráfico que asola a Costa Rica en 2023. El funcionario renunció a su cargo como presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), en medio de cuestionamientos por su relación con Francisco Montes Fonseca, un abogado arrestado por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La renuncia fue comunicada mediante un comunicado de prensa de la Presidencia de la República, donde se menciona que el presidente Rodrigo Chaves Robles solicitó la dimisión de Venegas. El escándalo surge en un contexto de creciente preocupación en Costa Rica por la violencia y los homicidios relacionados con el narcotráfico.
Según estudios de opinión, investigaciones privadas e informes públicos, la inseguridad, junto con la desigualdad social y la corrupción, se encuentran entre los principales temas de preocupación para los costarricenses.
El caso que implica a Venegas Dijeres, conocido como el Caso Corona, destaca la inédita ola de violencia y homicidios que azota al país, con cifras récord que han alarmado a la sociedad costarricense. Esta situación ha llevado a un escrutinio más intenso de las conexiones entre funcionarios públicos y actividades ilícitas.
Venegas explicó que conoció a Montes Fonseca durante sus estudios de Derecho en la Universidad de Costa Rica y aclaró que su relación con el imputado se dio en el ejercicio de su profesión antes de entrar al Gobierno.
Añadió que en ese momento representaba a la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
Diputados de diversas fracciones políticas, como el Partido Liberación Nacional (PLN), el Frente Amplio (FA) y la Unidad Social Cristiana (PUSC), expresaron su aprobación por la renuncia de Venegas, destacando la incompatibilidad de su permanencia en el cargo con los cuestionamientos en su contra.
Legisladores como Francisco Nicolás Alvarado y Danny Vargas Serrano del PLN enfatizaron que cualquier relación con el narcotráfico es inaceptable para un funcionario público.
A pesar de la renuncia de Venegas, congresistas como Ariel Robles Barrantes del Frente Amplio han cuestionado la tardanza del presidente Chaves en solicitar su dimisión y han instado a que tanto la Fiscalía General como la Asamblea Legislativa investiguen a fondo este caso.
No es la primera vez que se señala un caso de vínculo entre funcionarios públicos o privados con los narcos. Una investigación de un diario mexicano reveló que incluso el presidente Chaves y otros funcionarios de alto nivel de su entorno, negociaron con carteles narcos para reducir la tasa de homicidios, que ya supera los 800 este año y se enrumba a la siniestra cifra de 900 al finalizar 2023.
