España espera recibir a 200 refugiados nicaragüenses adicionales en 2025 como parte del Programa Nacional de Reasentamiento, impulsado por el Gobierno para atender a personas en riesgo y con necesidad de protección internacional, según una resolución del Consejo de Ministros.
El gobierno español asumió el compromiso de reasentar a un total de 1,200 personas refugiadas a lo largo del próximo año. En este marco, las autoridades han consolidado ya el asentamiento de 347 refugiados nicaragüenses procedentes de Costa Rica.
Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones detallaron que, además de los 347 ya instalados, se espera la llegada de 200 personas más en el transcurso de 2025, según las estimaciones más recientes. También informaron que, por la vía complementaria implementada en 2023, han ingresado 44 refugiados nicaragüenses y otros siete están previstos para el próximo 27 de noviembre.
Este canal adicional permite cuotas fuera del programa regular de reasentamiento, lo que amplía las posibilidades de recibir a más personas en situación de vulnerabilidad. La mayoría de los beneficiarios provienen de Costa Rica, donde solicitaron asilo tras salir de Nicaragua.
La Secretaría de Estado de Migraciones, junto con la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida, coordina la llegada y reubicación de los refugiados en recursos del Sistema Nacional de Acogida. En el dispositivo participan más de 25 entidades, incluyendo ACNUR, la Cruz Roja, Guardia Civil, Policía de Fronteras, y la Oficina de Asilo y Refugio.
“La derivación a las plazas del sistema de acogida tiene por objetivo garantizar la acogida de las familias y fomentar la integración a través de un itinerario que prepara a este colectivo para su autonomía”, explicó la Secretaría de Estado de Migraciones.
Entre las organizaciones colaboradoras destacan Accem y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que hasta la fecha han acogido a 48 y 60 nicaragüenses respectivamente.
“La mayoría de los que han venido son refugiados por motivos políticos”, explicó Natalia Cañiz, responsable jurídica de Accem en Valladolid.
Ignacio Gutiérrez, coordinador estatal de Acogida de CEAR, resaltó que la atención a estas personas se realiza de manera personalizada.
“Al ser hispanohablantes, su adaptación cultural ha sido positiva y sin problemas significativos”, aseguró, al tiempo que destacó la integración jurídica, social y laboral que garantiza una inclusión efectiva en la sociedad española.
