En medio de fuertes cuestionamientos por su falta de independencia, el uso selectivo de la persecución penal y el deterioro del estado de derecho, el Ministerio Público (MP) de Guatemala conmemora este martes su 31 aniversario con un comunicado en el que asegura renovar su compromiso con “la justicia, la objetividad y la imparcialidad”.
Las afirmaciones contrastan con la percepción amplia, dentro y fuera del país, de que la institución ha sido instrumentalizada durante la gestión de la fiscal general Consuelo Porras para proteger intereses políticos y perseguir selectivamente a voces críticas.
“Celebramos 31 años de compromiso con la justicia, la transparencia y el servicio a la ciudadanía guatemalteca”, reza el comunicado oficial, en el que se destaca un supuesto “legado para la justicia” bajo el liderazgo de Porras, quien ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea y es ampliamente criticada por organismos internacionales por su papel en el retroceso democrático del país.
El mensaje del MP enfatiza la implementación de modelos de atención a víctimas, la obtención de certificaciones ISO y la creación de agencias fiscales en todo el país. Sin embargo, estos logros administrativos han sido opacados por una gestión marcada por el acoso judicial a operadores de justicia independientes, periodistas, defensores de derechos humanos y líderes sociales, muchos de los cuales han debido exiliarse ante el riesgo de criminalización.
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31 Aniversario del Ministerio Público, un legado para la justicia guatemalteca 🇬🇹
Hoy celebramos 31 años de compromiso con la justicia, la transparencia y el servicio a la ciudadanía guatemalteca.
Durante los últimos 7 años, hemos… pic.twitter.com/1ideaydlTQ
— MP de Guatemala (@MPguatemala) July 1, 2025
Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch han documentado cómo el Ministerio Público ha sido utilizado como un brazo represivo contra quienes denuncian corrupción o impulsan procesos de rendición de cuentas. La reciente persecución contra fiscales de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y del Ministerio Público que investigaron casos de alto impacto es una muestra del uso regresivo del poder penal en la era Porras.
En su comunicado, el MP afirma haber resuelto el 98 % de los casos nuevos y el 99 % de la mora fiscal, cifras que, aunque destacadas como avances, no han sido verificadas de forma independiente y contrastan con denuncias de inacción en casos de corrupción de alto nivel o de violencia estructural que afecta a comunidades vulnerables.
Mientras tanto, la institución continúa invirtiendo en infraestructura y tecnología, como la construcción de una nueva torre en su sede central y el desarrollo de plataformas digitales como “Delito Cero”, sin que ello implique necesariamente una mejora en el acceso real a la justicia ni un cambio en su selectividad en la aplicación de la ley.
En el contexto del aniversario, el Ministerio Público insiste en que su gestión está basada en principios de legalidad y apego a la Constitución. No obstante, la realidad judicial que enfrenta Guatemala —marcada por la impunidad de estructuras de poder y la criminalización del disenso— pone en duda ese discurso institucional. Para muchos sectores, el “legado” de Porras no es el de un acceso irrestricto a la justicia, sino el del desmantelamiento sistemático de sus pilares.
