El gobierno de El Salvador enviará a Caracas a más de 200 ciudadanos venezolanos detenidos en su territorio como parte de un acuerdo de intercambio de prisioneros con Venezuela, que incluiría la liberación de ciudadanos estadounidenses, informó este viernes la agencia Reuters, citando a dos funcionarios del gobierno de Estados Unidos.
Según los informes, El Salvador transferirá a 238 venezolanos que actualmente se encuentran recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una cárcel de máxima seguridad inaugurada en 2023 por el presidente Nayib Bukele. A cambio, el gobierno venezolano liberaría a cinco ciudadanos estadounidenses y cinco residentes permanentes legales de Estado Unidos, quienes serían entregados a las autoridades estadounidenses.
Uno de los funcionarios aseguró a Reuters que el acuerdo ya está en proceso y que las cifras corresponden a lo que se había anticipado. Ni la presidencia salvadoreña ni el Ministerio de Comunicación de Venezuela respondieron inmediatamente a solicitudes de comentarios por parte de la agencia. Tampoco lo hicieron el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ni la Casa Blanca. El Departamento de Estado declinó hacer declaraciones.
Los venezolanos fueron deportados a El Salvador en marzo pasado por la administración d Donald Trump, quien invocó la Ley de Extranjeros Enemigos de 1798 para facilitar la expulsión rápida de presuntos miembros de la organización criminal Tren de Aragua, sin seguir los procedimientos migratorios habituales.
No obstante, abogados y familiares de los detenidos han negado cualquier vínculo con actividades criminales, y aseguran que no se les brindó oportunidad de apelar las acusaciones del gobierno estadounidense ante un tribunal.
El gobierno de Nicolás Maduro ha condenado en reiteradas ocasiones la detención de sus ciudadanos en el CECOT, calificándola como una violación al derecho internacional y a los derechos humanos. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han señalado que el mismo gobierno venezolano mantiene bajo condiciones similares a opositores políticos y activistas en cárceles del país.
